Apurímac 19/02/2025.- Juan José Santiváñez, ministro del Interior de Dina Boluarte, busca acorralar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Desde distintos frentes, el ministro pretende que Espinoza sea destituida de su cargo.
Esta vez ha optado por la vía del Congreso, a través de una denuncia constitucional, lo que deja la mesa servida para sus aliados parlamentarios: la denuncia será examinada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), controlada por Alianza para el Progreso (APP).
En el Legislativo existe un considerable interés en inhabilitar a Espinoza, dado que la fiscal ha denunciado a varios congresistas. De los 21 miembros de la subcomisión, al menos 8 están siendo investigados por el Ministerio Público.
Pero existe otro camino no menos importante: la denuncia presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría sentar un precedente similar contra la fiscal de la Nación. De prosperar, Espinoza enfrentaría un proceso disciplinario que la obligaría a dejar su cargo como titular del Ministerio Público.
"Las instituciones son instituciones, no somos personas. El Ministerio del Interior es una entidad que seguirá trabajando, esté o no este ministro. La Fiscalía de la Nación, igual, esté o no la señora fiscal", declaró Santiváñez en Trujillo, al ser consultado sobre la denuncia que él presentó contra la fiscal. Sus declaraciones insinúan que la inhabilitación de Espinoza no afectaría el funcionamiento institucional. Sin embargo, esto resultaría engañoso si se omite que el mismo ministro está siendo investigado por la actual gestión de la Fiscalía.
El JNJ y el Congreso en la mesa de ajedrez
Tanto la JNJ como el Congreso son instituciones clave en el ataque de Santiváñez contra Espinoza. Ambas desempeñan un papel fundamental en las denuncias presentadas contra la fiscal de la Nación, ya que han sido impulsadas en ambos frentes.
La denuncia administrativa presentada ante la JNJ sostiene que Espinoza violó el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones al solicitar las credenciales de iCloud en medio de las investigaciones contra el ministro, por supuestamente haber ordenado un reglaje contra el periodista Marco Sifuentes.
Como se recuerda, Santiváñez entregó su iPhone 15 Pro Max, completamente formateado y sin chip, ante la solicitud de la fiscalía. Según Luis Lamas Puccio, abogado penalista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), esto representa un mal presagio para la institución, dejando entrever una posible politización del proceso.
"Se trata de una maniobra legal para obstaculizar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, intentando impedir que se conozca el contenido de los audios mediante la JNJ. Lo importante es la actitud que asume la JNJ: debería rechazar de plano la denuncia por su contenido. Es utilizar políticamente una institución, y como la JNJ accede a tramitar una denuncia que debió haber sido rechazada, la nueva JNJ comienza mal", manifestó el especialista en derecho penal.
Un caso similar se presenta con la denuncia constitucional interpuesta por el titular del Interior, también contra la fiscal. En el escrito, Santiváñez afirma que Espinoza incurrió en abuso de autoridad al difundir información sobre la investigación que lleva a cabo la titular del Ministerio Público en su contra. Por ello, ante el Congreso, el ministro solicita la inhabilitación de la función pública para la fiscal de la Nación por 10 años.
Asi lo sostiene Mario Amoretti, experto en derecho penal también por la UNMSM: "Esa denuncia no procede, de acuerdo con las normas procesales expresas. Santivañez debió entregar su celular con todo su contenido y no en blanco; al no hacerlo, ha incurrido en el delito de encubrimiento real por ocultación de pruebas. Cuando se entrega un celular con contenido, al ser abierto, si se encuentran datos o documentos privados, el fiscal debe entregarlos de inmediato al intervenido, según lo establece expresamente la ley. Por lo tanto, argumentar que la fiscal quiere entrometerse en su vida privada es un absurdo, y la JNJ debió rechazar de plano esa denuncia. Sin embargo, ¿quién los eligió?", expresó a este medio.
¿Alianza entre el Congreso y Santiváñez?
La denuncia constitucional presentada ante el Congreso será tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encabezada por la congresista María Acuña, una de las líderes de Alianza para el Progreso (APP). Esta subcomisión tendrá la prerrogativa de declarar procedente o improcedente la denuncia, para luego votar un informe final que podría conducir a la inhabilitación de la fiscal de la Nación.
Este movimiento podría parecer objetivo, pero existe un detalle evidente: de los 21 miembros de la SAC, al menos 9 congresistas están siendo investigados por el Ministerio Público. Diego Bazán, Patricia Chirinos, Digna Calle, Jorge Montoya, Luis Aragón, Martha Moyano, José Jerí y Elvis Vergara son indagados por la gestión de Espinoza al frente de la Fiscalía de la Nación. Ellos contarán con voto en la posible inhabilitación de la fiscal dentro de la subcomisión.
Puesto así, se plantea una relación de ganar-ganar para ambos actores implicados. Así lo considera el politólogo Jhimer Monzón, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales "Leviatán". En declaraciones exclusivas para La República, Monzón afirmó que esta simbiosis política aumenta la desconfianza popular hacia las instituciones y el sistema político nacional.
"Los poderes del Estado peruano se enfrentan no solo a una grave crisis organizativa, sino también a una desconfianza generalizada por parte de la ciudadanía. Casos como este no hacen más que aumentar el distanciamiento entre el Estado y la ciudadanía. Lamentablemente, las autoridades que desempeñan un papel clave en la lucha contra la corrupción tienen antecedentes o están siendo objeto de investigaciones fiscales. Podemos presumir que los acusados se defienden mutuamente para generar una red de favores e inmunidad", indicó el politólogo.
El camino hacia la inhabilitación de Delia Espinoza
Si el informe elaborado por la SAC es aprobado por los miembros de la subcomisión, este será elevado a la Comisión Permanente. Si dicho visto bueno es ratificado por los 30 integrantes de la comisión, será el pleno quien decida aplicar la medida definitiva –o no– contra la fiscal Delia Espinoza. Además, si en la SAC hay 9 miembros investigados por el Ministerio Público, el número aumenta al considerar que en el pleno se encuentran interesados en votar en contra de la fiscal.
Sin embargo, también hay quienes se oponen a la inhabilitación de Espinoza desde el pleno del Congreso. Ruth Luque, miembro de la bancada de Cambio Democrático, comentó para este medio que no respaldaría una denuncia de este tipo:
"Me parece descabellado, ya que está vinculada a una investigación en curso. Decir que una fiscal ha ventilado información directa requiere pruebas contundentes. Afirmar, además, que se le ha solicitado la contraseña de su cuenta forma parte de la investigación preliminar que se le realiza; exhortaciones de ese tipo no necesariamente constituyen una infracción constitucional. (...) Si él (Santiváñez) quiere esclarecer los detalles, ¿por qué no se somete a la investigación? (...) Me da la impresión de que esta denuncia solo busca salvarlo de su propio caso", declaró.
Fuente: La República
