Apenas supera a los gobiernos regionales de Lima, Pasco y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Rechazan las medidas de seguridad impulsadas por el Poder Ejecutivo, que califican de punitivas y una forma de criminalización de la protesta social.
A medida que los precios del metal se disparan, las salvaguardas de la industria se han roto.