Apurímac 17/09/2024.- Enfrentará a la justicia. El exgobernador Baltazar Lantarón Nuñez, nueve exfuncionarios de confianza y un proveedor comenzarán a desfilar por los pasillos del Poder Judicial de Apurímac por el "Caso de las ambulancias".
El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac logró que el juzgado competente admita 30 pruebas testimoniales y un aproximado de 200 pruebas documentales que acreditarían la presunta comisión de los delitos de colusión simple y negociación incompatible.
Los hechos se suscitaron en el año 2020, en plena pandemia de la Covid-19 y aislamiento social obligatorio (cuarentena), cuando Lantaron Nuñez aprovechando su cargo de gobernador con sus principales funcionarios habrían incurrido en irregularidades en el proyecto “Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Apurímac”.
Los investigados son Miguel Ángel Azurín Solís (Exgerente de Infraestructura), Jhony Omar Palomino Yarihuamán (Exjefe de la Unidad de Adquisiciones) y Christian Joselo Chávez Ugarte (Exsubgerente de Estudios y Proyectos) quienes favorecieron indebidamente al consultor Yhon Altamirano Baños, este último se encargó de elaborar el expediente técnico.
Se evidenció que el expediente técnico contenía serios defectos, como la modificación de las especificaciones técnicas de las ambulancias urbanas y rurales, incluyéndose determinadas características técnicas que posteriormente fueron utilizadas para el proceso de selección y adquisición.
HABRÍA CONCERTACIÓN
Asimismo, en las investigaciones se advirtió actos de concertación a favor de la empresa Conversiones San José Perú SAC que abarcan la etapa del procedimiento de selección, el perfeccionamiento del contrato y la recepción de las ambulancias sin mediar contrato alguno.
En esta parte es donde se apunta contra el exgobernador regional Baltazar Lantarón Núñez, la exgerente general Rosa Olinda Bejar Jiménez, el exjefe de la Unidad de Adquisiciones Jhony Omar Palomino Yarihuamán, el exdirector de Abastecimiento Edison Camero Guzmán, el exgerente de Desarrollo Social Einer Montalvo Quintanilla y el especialista de la Unidad de Adquisiciones, Néstor Rogelio Alata Orconi.
Todos ellos son acusados por haber concertado o beneficiar indebidamente en la contratación de la firma Conversiones San José SAC representado por Ítalo Carmelo Ponce Montero, también incluido en la acusación fiscal.
El representante del Ministerio Público solicitó las penas que van desde los 5 hasta los 10 años de pena privativa de libertad para los funcionarios involucrados y los terceros (consultor y proveedor), así como inhabilitación para ejercer cargo público y otros desde los 15 a 20 años, el pago de días-multa y el pago de la respectiva reparación civil.
Cabe recordar, el fiscal provincial a cargo del caso Arturo Ballón Segovia, realizó constataciones fiscales en las instalaciones del propio Gobierno Regional de Apurímac, recopilando información documental del procedimiento de contratación y verificación in situ de ambulancias en la sede regional cuando aún no se había suscrito contrato alguno. Se realizaron también allanamientos simultáneos, que resultaron relevantes para obtener elementos de convicción que ayuden a sustentar el caso.
Las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público serán actuadas durante el juicio oral para acreditar la responsabilidad de los acusados, esperando que el juzgado competente programe el inicio del juzgamiento en un plazo razonable. (P.P.D)
