Apurímac.- Los jueces superiores titulares Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias  han previsto instalar e iniciar el juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, este lunes 1 y martes 2 de julio, pero no será una tarea fácil.

Incluso puede que todo no dependa de ellos. De acuerdo con fuentes judiciales, precisamente, en previsión de todas las dificultades que se podían presentar, es que los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, programaron audiencias continuadas lunes y martes, cuando lo habitual es un día o unas horas.

Las fuentes informan que, en las últimas semanas, se han presentado una serie de pedidos de nulidad del “auto de enjuiciamiento” que dictó el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, el 30 de noviembre de 2023.

Varios abogados están pidiendo que el caso Cócteles regrese a la etapa de control de acusación. Incluso, hay quien pide que la acusación sea devuelta a la fiscalía para que se presente de nuevo.

En este sentido, argumentan que tal como está estructurado en este momento, realizar un juicio, afectaría el debido proceso y/o el derecho de defensa.

De acuerdo con fuentes de La República, estos son los principales argumentos en contra del inicio del juicio:

1) No existe una acusación clara, precisa e individualizada. Critican que la fiscalía presentó una acusación el 11 de marzo de 2021 y luego 19 subsanaciones o “fe de erratas”.

2) El juez Víctor Zúñiga, según los abogados, escogió la acusación que se tendrá en cuenta para el juicio es la presentada el 19 de agosto de 2022, aunque está también tiene cuatro escritos aclaratorios.

“Ninguna de las acusaciones está completa, por lo que, en el desarrollo del juicio se tendrían que recorrer las 20 acusaciones, lo cual hace inviable e imposible -desde el punto de vista jurídico y lógico- la realización de un adecuado juicio oral, lo cual genera desorden, contradicciones y confusiones”, dice uno de los abogados.

3) El auto de enjuiciamiento del juez Zúñiga recoge hechos que no fueron parte de la investigación, ni de las diversas acusaciones de la fiscalía, a partir de la generalización de las acusaciones.

4) Existe una sobreabundancia de pruebas, sin que se precise que se pretende probar con cada testimonio y/o documento. La acusación y las 4,053 pruebas y 1,031 testigos, han sido presentados en bloque, pues de acuerdo con la fiscalía, cada una prueba todos los delitos y la responsabilidad de cada uno de los acusados.

5) Los acusados no tienen claro sobre qué hechos deben responder en el juicio público, lo que complicaría el debate en las audiencias y afectaría el debido proceso y el derecho de defensa.

Los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia están definidos, pero el juicio trata de los hechos o actos que se realizaron para cometer esos delitos. Los abogados argumentan que esos hechos no están descritos, ni delimitados en fechas ni en los lugares dónde habrían ocurrido.

Adicionalmente, habrá pedidos para que se declaren prescritos los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, que tienen penas mínimas, debido al tiempo transcurrido desde que supuestamente ocurrieron los hechos hasta la actualidad.

Todos los acusados para presentarse de manera presencial este lunes, 1 de julio, bajo advertencia de que, en caso de no asistir, se podría disponer que la policía los conduzca a la fuerza, se les declare reo contumaz y el juicio siga en su ausencia.

Los únicos que no tienen obligación de asistir son aquellos que viven fuera del país. Ellos están obligados a conectarse por videoconferencia.

Además, de la advertencia de la Sala, la fiscalía podría utilizar la inconcurrencia a esta audiencia para pedir una prisión preventiva o nuevas medidas de comparecencia.

Si alguno de los acusados no puede asistir por un asunto de fuerza mayor, como enfermedad, debe comunicarlo y justificarlo ante los jueces. Ha trascendido que Luis Mejía Lecca, ex tesorero y ex personero legal de Fuerza 2011, estaría hospitalizado. En ese caso, sus abogados deben haber presentado los certificados médicos respectivos, para justificar su inasistencia.

En este sentido, Keiko Fujimori, su ex esposo Mark Vito Villanela y los principales coacusados: Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza,  Ana Rosa Herz de Garfías, Clemente Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona Martínez, Augusto Bedoya Camere y Carmela Paucara Paxi, deben presentarse a la sede judicial.

La audiencia comenzará a las 9:00 am, con la identificación de cada uno de los acusados, la acreditación de sus respectivos abogados y la justificación de los ausentes. Lo mismo pasará con la fiscalía, representada por José Domingo Pérez, y la Procuraduría General del Estado.

Inmediatamente, la asistente de Sala deberá informar de los escritos que han presentado los acusados, la fiscalía o la procuraduría en los últimos días. Los jueces abrirán el debate de los temas propuestos por los abogados y, luego, decidirá si resuelven de inmediato o en una fecha posterior.

Los abogados van a insistir en tener una respuesta, antes de comenzar el juicio. Si la decisión del Juzgado no les da la razón van a apelar. La fiscalía y la procuraduría también apelarán si la decisión es al contrario.

Sí se supera está primera etapa, recién se dará inicio al juicio público. Para esto, el Juzgado Penal Colegiado por unanimidad o por mayoría (2-1) deberá rechazar todos los recursos de nulidad o aclaración que presenten las defensas.

¿Qué sucede si el tribunal da la razón a los abogados? Ante esta hipotética situación, el juicio no podrá iniciarse y el expediente tendría que regresar al Juzgado de Investigación Preparatoria para un nuevo control de acusación o que la fiscalía formule una acusación más precisa.

Los jueces también podrían decidir que la fiscalía aproveche la etapa de sustentación pública de los cargos para aclarar los vacíos o deficiencias que se pudieran advertir, de tal manera que cada acusado, tengo claro los hechos sobre los que será juzgado.

La situación es compleja y la decisión de los jueces será polémica, sin ninguna duda.

Una vez superados todos los cuestionamientos de los abogados defensores, el tribunal dará por iniciado el juicio público. Esto podría suceder el martes o en una fecha posterior, dentro de los siete días siguientes.

El juicio comenzará con el alegato de acusación del fiscal por parte del fiscal José Domingo Pérez. Por escrito, la fiscalía ha pedido 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori Higuchi, como principal implicada en los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, que habrían ocurrido antes, durante y después de las campañas electorales de 2010, 2011 y 2016.

Además, la fiscalía pide 30 años de prisión para los que considera la cúpula de la organización criminal de Fuerza Popular: Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. Para Mark Vito pide 22 años de prisión.

Según la fiscalía, la organización criminal infiltrada en Fuerza Popular lavó más de 17 millones de dólares, que provienen de aportes de origen ilícito de Odebrecht y empresarios peruanos, a través del “pitufeo” y los cócteles falsos, para beneficio de Keiko Fujimori y sus principales allegados.

La defensa de Fujimori y sus coacusados dicen que se trata de aportes electorales irregulares y no delito de lavado de activos. Además, que en la fecha en que sucedieron los hechos eso no era delito. El debate definirá todo. 

Fuente: La República