Apurímac 27/03/2024.- Seis congresistas de la República de diferentes bancadas presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y piden su inhabilitación del ejercicio de la función pública por 10 años.

Los legisladores que presentaron la denuncia fueron Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón Carreño, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, Ilich Fredy López y José Enrique Jeri Oré. Dichas autoridades del Poder Legislativo señalan que el titular de la Fiscalía de la Nación habría cometido los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Esa medida en contra de Villena fue interpuesta tras la incorporación de 14 congresistas de la República en la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público acerca de una presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides.

Al respecto, los parlamentarios indicaron que estas diligencias fueron dispuestas por la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, pese a que "el artículo 1 de la ley 27399 confiere expresamente al fiscal de la Nación la competencia de realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución".

"(El fiscal de la Nación es) el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República", se detalla en la denuncia.

Congresistas señalan que el fiscal de la Nación transgredió el debido proceso

Los congresistas consideraron que la decisión de que la fiscal Espinoza iniciara investigaciones en contra de los 14 parlamentarios "vulnera el principio de legalidad" y "manifiesta transgresión al debido proceso por parte del actual fiscal de la Nación".

"(Villena) delega facultades a un fiscal supremo para asumir de manera indebida investigaciones preliminares a congresistas de la República, basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público (...) Esta disposición administrativa es contraria a normas de mayor jerarquía, como la Constitución y la ley", se precisa en la denuncia.

El fiscal de la Nación habría cometido el delito de abuso de la autoridad y prevaricato por dictar una resolución. En el documento, designa a la fiscal Delia Espinoza en el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Público. Asimismo, el titular del Ministerio Público delegó facultades a la fiscal suprema Delia Espinoza, que le corresponden a él.

Asimismo, habría realizado el delito de violencia contra autoridades elegidas al pedir al Congreso que se abstenga de iniciar un proceso de denuncia constitucional en contra de Espinoza. "El fiscal de la Nación ejercería una acción indebida sobre una institución representativa del pueblo, lo que constituye un grave atentado contra el Estado de derecho", resaltaron los congresistas.

También habría cometido el delito de patrocinio ilegal por realizar dicha petición al Parlamento. "Al solicitar al Congreso que se abstenga de tomar acciones legítimas dentro de su competencia constitucional, contra su propia colega, el fiscal de la Nación estaría utilizando su posición de máxima autoridad del Ministerio Público para favorecer indebidamente a la fiscal suprema, lo que constituiría un uso indebido de sus funciones y una violación del principio de imparcialidad", señalaron los legisladores.

Por último, habría realizado el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, porque "muestra un silencio absoluto respecto los hechos que involucran penalmente al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde".

Fuente: La República