El suspendido procurador del Estado indicó que es "una hipótesis plausible" considerar que su suspensión del cargo fue por la participación de la Procuraduría en diligencias contra Dina Boluarte, por las muertes en las protestas.

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El suspendido procurador general de la República, Daniel Soria, señaló la responsabilidad del Ejecutivo en su suspensión del cargo, dispuesta por el Ministerio de Justicia (Minjus), a través de una medida cautelar. 

Como se sabe, la comisión ad hoc del Minjus instalada como parte del proceso administrativo disciplinario contra Soria Luján -que inició el pasado 16 de noviembre en base a un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario- resolvió "exonerar de la obligación de asistir al centro de trabajo y de prestar el servicio bajo cualquier modalidad de trabajo" al procurador general, hasta el fin de dicho procedimiento disciplinario. 

Al respecto, Daniel Soria cuestionó la decisión, al indicar que el procedimiento se basó "en el informe de los auditores de Contraloría del Minjus que emitieron en enero del 2022, a pedido del exministro Aníbal Torres, donde concluyen erradamente que no cumplo un requisito para ser procurador".

"Ese informe (…) está siendo reciclado en un segundo informe de Contraloría de setiembre de este año. En ese informe se cuestiona un informe de la Oficina de Recursos Humanos del Minjus que concluyó que yo cumplía con la ley de idoneidad. Los señores auditores dicen que no es así porque ‘nosotros mismos hicimos un informe en enero del 2022 donde hemos establecido que no cumple (los requisitos)", aseguró en Ampliación de Noticias. 

Asimismo, Soria Luján consideró que tiene "todo el derecho a razonar" que su suspensión tiene relación con la participación de la Procuraduría General (PGE) en las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas en las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado. 

"Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto", indicó. 

Cabe resaltar que en marzo de este año, el Poder Judicial declaró fundada en parte una tutela de derechos presentada por la PGE para que participe en los interrogatorios a los investigados por las referidas muertes en las protestas, entre ellos la presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola. La Fiscalía apeló la decisión, pero, finalmente, desistió en agosto.

"Lo que queda claro es que la cabeza del sector Justicia es el actual ministro de Justicia, que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir que acá hay un procedimiento en el que no participa, porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución", agregó Soria. 

A su vez, indicó que su entidad ha denunciado al 20 % de los congresistas por diversos actos irregulares, entre ellos los vinculados a la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz.

"Tenemos 87 procesos en los que estamos interviniendo, algunas son denuncias de la Procuraduría, otras aperturas de oficio de la Fiscalía. Recordarán todos los casos de congresistas acusados de rebajar los sueldos a sus trabajadores, el patrocinio ilegal de congresistas a empresas privadas de telecomunicaciones. Estamos hablando también del caso de la parlamentaria Rosselli Amuruz, que hicimos la denuncia correspondiente", aseveró. 

Finalmente, Soria Luján dijo que estar convencido de que la PGE debe ser un organismo autónomo, y expresó su preocupación de que el procurador encargado en su reemplazo desista en los avances que se han logrado en la entidad. 

"El procedimiento se ha abierto con fines de destitución, puede terminar en el mes de diciembre con mi destitución y el cargo quedará vacante. Será responsabilidad de la presidenta de la república designar a una nueva persona en la entidad que, con lo que ha pasado ahora, la institución ha entrado nuevamente en un periodo de degradación y crisis, un periodo de debilitamiento", indicó.

"El titular encargado, apenas asuma, podría eliminar (la Unidad Funcional para la defensa del Estado en casos contra altos funcionarios), cambiar a sus integrantes. Hay algunos que su contrato acaba porque se van renovando, y el titular tiene la potestad, incluso, de desactivar esa unidad, porque puede decir que el tema lo va a ver con un par de personas y punto", puntualizó. 

Fuente: RPP