Durante intervención establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y no reúne las condiciones sanitarias. Local fue clausurado y productos fueron destruidos por atentar contra salud de consumidores.
La sentencia por corrupción no incluyó cárcel efectiva, pero dispuso inhabilitación, pérdida de la función policial y el pago de reparación civil.
Movilización iniciará el 25 de enero desde San Vicente e ingresará a la capital el 28, tres años después de las masacres sin avances judiciales.