Durante intervención establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y no reúne las condiciones sanitarias. Local fue clausurado y productos fueron destruidos por atentar contra salud de consumidores.
La Sala Penal Transitoria descartó relaciones consentidas y sostuvo que no corresponde exigir testigos presenciales de violencia sexual cometida dentro de bases militares. Calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.
La institución documentó ocho años de denuncias, investigaciones fiscales, amenazas y campañas de desprestigio contra la periodista peruana. También advirtió que el hostigamiento afectó su vida familiar y expuso las limitaciones del Estado para proteger a los periodistas frente a posibles abusos de las propias instituciones públicas.