(Jueves 7/07/2022).- El Gobierno del presidente Pedro Castillo envió — este miércoles 6 de julio —el proyecto de ley que pretende castigar con pena privativa a la libertad de hasta cuatro años a los operadores de justicia, así como a las partes comprometidas en un proceso penal. Esto a pesar de que instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) han calificado el proyecto como inconstitucional.

Este polémico proyecto en la práctica impediría que la población pueda tener conocimiento sobre los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los personajes de la actual gestión, ya que la prensa y los fiscales se verían en la situación de ser pasibles de una sanción penal.

El proyecto fue enviado a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y lleva la firma del jefe de Estado, Pedro Castillo, y de Aníbal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La iniciativa propone la incorporación del articulo 409 C en Código Penal y una modificación al artículo 324 para sancionar la difusión de información reservada de una investigación penal.

“La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, dice el proyecto.

El proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1, ni mayor de 2 años. En el caso la filtración sea cometida por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente admirativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años.

Por otro lado, el proyecto del Gobierno precisa que si cualquiera de los sujetos antes mencionados difunde directa o indirectamente información fiscal a través de los medios de comunicación social y otros de difusión masiva será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 4.

El ultimo martes 6 de julio, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) cuestionó el proyecto al considera que atenta contra la Constitución Política del Perú. Consideran que no se debería castigar las filtraciones, sino solo aquellas que evidencian un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados.

“IPYS sostiene que en esta oportunidad la intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es inconstitucional. Correspondería más bien un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, dijo esta institución al respecto a través de un comunicado.

Por otro lado, en febrero pasado, el IPYS también emitió un pronunciamiento donde rechazaron el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en el que se plantea la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante la Fiscalía.

Fuente: La República