(Miércoles 22/06/2022).- Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, fue trasladado este martes 21 de junio a la Base Naval del Callao tras una orden del Poder Judicial. El anuncio emitido por el INPE informa que Montesinos cambió su reclusión en el penal de máxima seguridad Ancón II en Piedras Gordas por la del centro penitenciario del primer puerto debido a una apelación presentada por su defensa.

En el comunicado publicado vía redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario puso en cumplimiento la sentencia N.º 00114-2022-0, que fue emitida el 13 de junio, en la que el exfuncionario solicitaba un “trato digno” mediante una acción de habeas corpus, acogida por la Sala de Apelaciones de la Corte de Ventanilla, para volver al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec).

Montesinos se encontraba en Piedras Gordas debido al Decreto Supremo N.º 015-2021-JUS, aprobado por el entonces ministro de Justicia y ahora primer ministro, Aníbal Torres, en el que se disponía el traslado de los reclusos del Cerec a otras instancias, puesto que el convenio existente entre los ministerios de Justicia y Defensa, que permitía el alojamiento de los prisioneros en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, ya había vencido.

La decisión de Torres se dio en un contexto en el que se revelaron ciertos beneficios y accesos de los que gozaba Montesinos en las instalaciones de las FF. AA., como la capacidad de poder realizar llamadas al exterior, la cuales fueron difundidas y dieron a conocer que el exasesor intentaba establecer arreglos con el Jurado Nacional de Elecciones para alterar el resultado de las elecciones presidenciales del 2021, en las que Keiko Fujimori era la principal contendiente del actual presidente Pedro Castillo.

Según la sentencia del Poder Judicial, “la modificación del artículo 62º del Reglamento del Código de Ejecución Penal ha sido efectuada de forma irregular, ya que tal modificatoria se ha efectuado mediante un decreto supremo y no mediante una norma con rango de ley”.

Este fallo se dio luego de que la defensa de Montesinos manifestara que la decisión de las autoridades del INPE —que adoptaron la medida como una sanción ante los audios revelados en agosto del año 2021—, “ponía en riesgo su salud y vida”.

Fuente: La República