(Viernes 21/01/2022).- Los dictámenes contra la reforma universitaria aprobados con votos de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular, están a la espera de ser discutidos en el pleno del Congreso. Algunos congresistas, incluso, intentaron presionar a la presidenta María del Carmen Alva para que estas propuestas se discutan lo antes posible.

Esto a pesar de que en los propios dictámenes se incluyen opiniones en contra del mismo, de parte de la Defensoría del Pueblo (que sostiene que la conformación que propone el Proyecto de Ley "sería lesiva para la autonomía universitaria"); y del Consejo Nacional de Educación (que encuentra que la propuesta "va en contra de la mejora de la educación peruana").

Además, en el dictamen se incluyen opiniones ciudadanas que aluden directamente a universidades no licenciadas y con graves problemas como la Inca Garcilaso de la Vega y la universidad Telesup. 

Como se recuerda, la primera fue intervenida hace algunos años luego de que se cuestione el sueldo de más de 2 millones de soles que percibía su rector; mientras que la segunda tenía un local en San Juan de Lurigancho que aparentaba, con una fachada, tener más pisos de los que en realidad tenía.

Pero, según estos dictámenes, ¿quiénes están a favor de cambiar el consejo directivo de la Sunedu y de permitir que universidades sin licencia sigan operando?

Las opiniones a favor provienen de asociaciones de las propias universidades y sus promotores, como la Asociación de Universidades Públicas del Perú (ANNUP), representada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, quien se ha pronunciado abiertamente a favor de estos dictámenes; la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), que insiste en el dictamen en que miles de alumnos han dejado de estudiar y además asegura que la Asamblea Nacional de Rectores "demostró capacidad y competencia en situaciones de crisis"; entre otras.

Asimismo, en el dictamen que busca permitir que las universidades sin licencia sigan operando, se incluyen opiniones ciudadanas pidiendo que también se considere en este Proyecto de Ley a universidades como la Telesup. También se recoge la opinón, favorable, de la Asociación Civil Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Desde el Congreso, una de las razones que los parlamentarios han usado para promover estos dictámenes es que buscan el beneficio de cientos de alumnos que se habrían quedado sin estudiar. Esta, además de falsa, es una razón para nada convincente.

“Si esa fuera la preocupación, tendría sentido que el Congreso estuviera trabajando con el Minedu para ser más proactivo cada vez que haya una universidad no licenciada, viendo qué va a pasar con sus alumnos. Pero esos chicos tienen que ir a buenas universidades, no a malas universidades. Entonces, ¿la preocupación son los alumnos? ¿O son las universidades no licenciadas? Si la preocupación son los estudiantes, hay que trabajar aceleradamente para resolver el problema de esos chicos, no el de las universidades no licenciadas”, dijo a RPP Noticias el exministro de Educación Jaime Saavedra.

De acuerdo con los especialistas, si se llegan a aprobar estos dictámenes, el mensaje que se estaría dando es que se dan segundas oportunidades a aquellos que no han cumplido con la ley, lo cual al final nunca permite que se traten los problemas de fondo de la educación. “Es falso que estos dos dictámenes no alteren la esencia del proceso de transformación de la universidad peruana. Sí lo alteran", afirma el exministro de Educación y ex superintendente de la Sunedu Martín Benavides. 

"Todos sabemos que las universidades son instituciones donde hay muchos intereses. La única manera que se ha comprobado que es eficiente y tiene resultados en términos de poder tener decisiones orientadas a calidad [en las universidades], es que estas decisiones se den de manera independiente a las personas que conforman las comunidades universitarias”, agrega.

A diferencia de su antecesor, el ministro de Educación, Rosendo Serna, se ha referido de manera mucho más abierta a estos dictámenes, aunque su posición no termine de ser definitiva. “No puedo estar yo en una situación de una opción interesada de un lado u otro lado, pero lo que sí garantizo es que nosotros permanentemente nuestra política va a estar orientada en garantizar la calidad de la educación superior. 

Y ahí hay cosas que se deben corregir, cosas que se tienen que negociar y situaciones que no tienen que retroceder. Pero todo en función de dejar de lado los intereses y los apetitos de sectores que le hacen daño al país”, dijo a RPP Noticias.

El Congreso extendió su actual legislatura hasta el 2 de febrero y los dictámenes aún se encuentran en agenda. Los parlamentarios, a través de sus votos en el Pleno, podrían dar el primer gran golpe a la educación superior desde que se creó la Sunedu en 2014.

Fuente: RPP