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En el Perú una escena se repite cada cierto tiempo. Cuando el sur andino —Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Huancavelica— vota contrariando al resto del país o se moviliza en las calles, el voto aparece sospechoso, la protesta se transforma en amenaza y los peruanos que participan en ellas se vuelven menos ciudadanos.
Según lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), quienes violen esta norma se exponen a sanciones económicas que oscilan entre las 10 y las 100 UIT. En el panorama financiero actual, dicho castigo equivale a sumas que parten desde los S/ 55 000 hasta los S/ 550 000.