(Lunes 22/02/2021).- La Procuraduría Anticorrupción solicitó este viernes el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, contra funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso Vacunagate.

El documento enviado al fiscal provincial Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Lima, precisa que la apertura de diligencias es contra los miembros de la Comisión Multisectorial, que tuvo a su cargo el seguimiento para la adquisición de las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19. Estos son:

Carlos Castillo Solórzano y Mario Tavera Salazar, como representantes del Ministerio de Salud; y Jorge Jarama Alván y Óscar Suárez Peña, como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, Orestes Cachay, en su condición de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Alejandro Bussalleu Rivera, vicerrector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), German Málaga Rodríguez, en su condición de médico encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm; y los que resulten responsables.

"Se trata de seis miembros de la Comisión Multisectorial (...) quienes se habrían beneficiado irregularmente con la inoculación de la vacuna del Laboratorio Sinopharm contra la COVID-19. Así también, se advierte que German Javier Málaga Rodríguez, aprovechándose de su condición de jefe del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm (...) habría sido beneficiado irregularmente con la inoculación de la vacuna", indica la Procuraduría.

La Procuraduría anticorrupción advirtió que presuntamente los miembros de la Comisión Multisectorial se habrían "interesado indebidamente de manera directa en razón de su cargo" en la suscripción del Convenio suscrito entre el Estado peruano y el Laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico (Fase III) de la vacuna Sinopharm.

"Asimismo, en la suscripción del contrato celebrado entre dichas entidades para la adquisición de 1 millón de vacunas contra la COVID-19, y a las que se sumarían un lote 38 millones de vacunas que se estaría negociando, actuaciones que habrían causado un perjuicio económico al Estado", alertó.

También se advierte presuntamente que German Málaga en razón de su cargo "habría coadyuvado en que los funcionarios involucrados se interesen indebidamente de manera directa" en la suscripción del Convenio suscrito entre el Estado peruano y el Laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico y en la suscripción del contrato para la adquisición 1 millón de vacunas y en que se cierren las negociaciones para adquirir un lote de 38 millones de dosis.

"Para tal efecto, German Málaga, habría facilitado a que los miembros de la Comisión Multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna de Sinopharm, pues, permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y/o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares", cita el documento.

La defensa del Estado también solicitó varios actos de investigación como la declaración indagatoria de Jorge Jarama, Carlos Castillo, Mario Tavera, Óscar Suárez, Alejandro Bussalleu Rivera, Orestes Cachay y Germán Málaga, entre otros.

Además, la copia del Convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm, la copia de los contratos suscritos entre el Estado peruano y los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AztraZeneca.

Fuente: RPP