El Gobierno Regional de Apurímac iniciará proceso arbitral contra la contratista Consorcio Andahuaylas tras el fracaso de las conversaciones que sostuvieron ambas partes días atrás con el propósito que la construcción del nuevo hospital de Andahuaylas se culmine sin más postergaciones, no obstante, habrá que esperar más de lo que se había previsto.

Fue el consejero Emerson Huashua quien lanzó la voz de alerta sobre la decisión adoptada por el gobernador Baltazar Lantarón y el inicio de las acciones legales pertinentes.

El representante abanquino hizo hincapié sobre el riesgo de perderse cerca de 19 millones de soles en caso que los funcionarios regionales no hayan ejecutado las cartas fianzas presentadas por el Consorcio Andahuaylas cuyos periodos de vigencia vencerán el 17 y 18 marzo entrante. 

Cabe precisar, la primera carta fianza otorgada por la aseguradora Mapfre corresponde al adelanto directo por la suma de 6 millones 603 mil 476.32 soles; en tanto, la segunda carta fianza por adelanto de materiales es de 12 millones 356 ml 428.24 soles, respectivamente.

“Los únicos responsables serán los funcionarios de la región porque tuvieron suficiente tiempo para adoptar las estrategias administrativas a fin de recuperar los 18 millones 959 mil 904.66 soles por todos los daños causados y dilaciones tramadas por los representantes del Consorcio Andahuaylas”, aseveró el consejero. 

Como fue de conocimiento público, los expedientes de comunicaciones y sistema eléctrico estaban mal elaborados y debían rehacerse, una de las razones por la cual y a lo largo de estos últimos años, la contratista sacó provecho para obtener por diversos medios legales y negociaciones sesgadas más presupuesto de la región a cambio de nada.

No está publicada. A pesar que la decisión de iniciarse proceso arbitral contra el Consorcio Andahuaylas por incumplimiento de compromisos fue tomada en la tercera semana de febrero del 2019, hasta la fecha en el portal de Transparencia del Gobierno Regional de Apurímac no publican la resolución ejecutiva regional que resuelve el contrato suscrito con la contratista española.