El abogado Cruyff Ither Martínez Quispe, fiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho, logró la sentencia de cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad, con la inhabilitación respectiva, para Omar Flores Yaros por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Ayacucho - Estado.

El imputado fraccionó el proceso que debía realizarse para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la formulación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Llerena de Ayacucho Nivel III-I” al haber autorizado y aprobado el requerimiento de contratación de nueve profesionales a propuesta directa, efectuado de manera dividida y sin sustento técnico por Arístides Sóndalo Berrocal Huamán, gerente de Supervisión y Liquidación.

Flores Yaros también dispuso a Elmer Vargas Miguel, responsable de la Unidad de Programación y Adquisiciones, mediante decretos proveídos del 01 y 05 de julio de 2013, para continuar con el trámite de la contratación de los nueve especialistas a propuesta directa para el servicio de supervisión de la elaboración del estudio de factibilidad del proyecto, ello pese a que tenía conocimiento que el servicio requerido fue materia de convocatoria a través de un proceso de selección y que la referida contratación estaba considerada en el Plan Anual de Contrataciones, documento que el citado funcionario visó en su calidad de Director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio.

El ahora sentenciado, estando al corriente que los postores a contratar no cumplían con los requisitos mínimos obligatorios que corresponden al perfil solicitado en los términos de referencia y que tres de los profesionales a contratar: el arquitecto Carlos Huertas Rosales; el ingeniero Jorge Bautista Nevado, representante legal de JR Seguridad Estructural SAC, y el también ingeniero Raúl Verdeguer Agurto habían participado como especialistas de la empresa Kukova Ingenieros SAC, la cual era integrante del Consorcio Hospital Ayacucho, encargado de realizar el estudio de factibilidad del proyecto, suscribió contratos directos por un total de 92 mil soles.

Del mismo modo, Omar Flores Yaros aprobó y autorizó la contratación directa y fraccionada de doce profesionales para el servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto, pese a que también tenía conocimiento que dichos profesiones tampoco cumplían con los requisitos mínimos obligatorios y que el ingeniero Wilfredo Guzmán León mantenía vínculo laboral con la empresa Kukova, cuyo trabajo iba a supervisar.

Omar Flores Yaros también deberá pagar por concepto de reparación civil a favor del Estado las sumas de 92 mil y 128 mil soles por restitución y 20 mil soles de indemnización por daños y perjuicios.