(Viernes 8/01/2021).- Tres años después de haberse presentado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por varias organizaciones sociales de Challhuahuacho, en Cotabambas, contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a raíz de los continuos estados de emergencia decretados en esta provincia apurimeña.

La decisión del TC recae en el Expediente N° 00964-2018-PHC/TC a raíz del escenario de conflictividad social originado ese entonces por la presencia del proyecto minero Las Bambas y que se extiende al corredor minero. 

Para los dirigentes del Frente de Defensa de Challhuahuacho, Federación Campesina de Mujeres y Federación de Jóvenes Pakis Waraka, las permanentes declaratorias de estados de emergencia decretados en la provincia de Cotabambas, a pesar que en su localidad no había conflictividad social, vulneran sus derechos y criminalizan la protesta.  

“En el presente caso, si bien la amenaza de violación o la vulneración de derechos fundamentales alegada ha cesado, debido a que la prórroga del estado de emergencia que se cuestiona no se encuentra vigente, este Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, considera que debe declararse fundada la demanda y, por ende, se debe ordenar a la emplazada que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la presente demanda y que han sido señaladas en la presente sentencia”, precisa la decisión del TC.

Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene que el uso permanente de los estados de emergencia es una de las manifestaciones más visibles de la criminalización de la protesta social en el país, y en particular en el caso de Las Bambas. 

Es por ello, puntualiza, que la sentencia del TC resulta importantísima para salvaguardar los derechos de las organizaciones campesinas que expresan pacíficamente sus reclamos frente a un conjunto de actividades que consideran lesivas a sus derechos e intereses.

“…resulta necesario exhortar al Poder Ejecutivo a que, para la declaración de un estado de emergencia o una eventual prórroga de dicha medida, se verifique escrupulosamente lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú…”, concluye de otro lado el TC.