De acuerdo a la Geresa, detectaron 328 nuevos casos. Las autoridades del sector Salud insisten en el respeto de los protocolos de bioseguridad.
El proyecto crea un organismo especializado para gestionar la formalización, establece un plazo hasta junio de 2028 para completar el proceso de los mineros incorporados al nuevo régimen y plantea controles sobre el origen y la comercialización de minerales.
Según el abogado del IDL, estas facultades convertirían a la DINI en un superórgano con un diseño flexible y fuera de mecanismos suficientes de supervisión.