El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió por unanimidad admitir a trámite la demanda competencial que interpuso Pedro Olaechea contra el Poder Ejecutivo por su decisión de disolver el Congreso. No obstante, rechazaron la medida cautelar.

El magistrado Carlos Ramos fue el ponente del caso y en su informe recomendó que el recurso continúe su proceso en el interior del TC. Entre los argumentos que usó esta el principio ‘pro actione’, el que indica que en caso de duda se preferirá dar trámite al mecanismo.

El Poder Ejecutivo será notificado de la decisión y tendrá 30 días para responder con los mecanismos que consideren correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reiteró que respeta las decisiones del TC como parte de la convivencia en democracia, y que la disolución del Legislativo fue constitucional.

Fuentes de La República confirmaron que respecto a la medida cautelar, que buscaba dejar sin efecto la disolución del Parlamento, se declaró inadmisible con 5 votos.

Esto fue con los votos de Carlos Ramos, Marianella Ledesma, Augusto Ferrero, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda. Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron en contra de su denegatoria.

Con esta decisión se establece que las consecuencias de la disolución del Congreso continúan, así como también la convocatoria a elecciones parlamentarias. La Comisión Permanente seguirán con las mismas funciones en el periodo de interregno, tiempo en el que el Legislativo no existe.

La resolución de este fallo se publicará el lunes 4 de noviembre en la página web. El Pleno del TC con sus siete magistrados dará una conferencia a la 1:30 de la tarde de este martes para informar los detalles de decisión y los pasos a seguir.

El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó el pasado 10 de octubre la demanda de competencia al Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso.

“Al amparo de lo establecido en los artículos 109° y 110° del Código Procesal Constitucional, se interpone demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, por conflicto de competencias respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros [...] vulnerando con ello las competencias constitucionales del Congreso”, se lee en el documento.

Pidió también al ente constitucional que se declare que la aprobación o rechazo a una cuestión de confianza sea “de forma expresa a través de una votación del Pleno y no de manera ‘fáctica’".

Fuente: La República