Tras más de 20 años de batallas legales, hoy se puede decir que Machu Picchu, el principal atractivo turístico arqueológico del Perú que se ubica en la región Cusco y cautiva al mundo, le pertenece finalmente al Estado peruano, subrayó el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo.

“En el Cusco hoy día se dio el dictamen final de una querella entre una familia que suponía era propietaria de Machu Picchu y el Estado peruano.

El caso en su conjunto tiene más de 20 años de proceso judicial y finalmente el dictamen fue favorable al Estado. Osea que a partir de hoy queda clarísimo que Machu Picchu es el Perú”, enfatizó el titular de Cultura.

La Corte Superior de Justicia del Cusco declaró infundada la demanda presentada por la familia Abrill, que por años aseguró ser dueña de Machu Picchu y del terreno en el que los incas construyeron la ciudadela, expresó.

También mencionó que la buena noticia sobre la notificación de la sentencia se la comunicó telefónicamente el responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura-Cusco, Fredy Escobar.

El ministro Castillo recordó que por muchos años hubieron demandas de diferentes familias que tenían algún tipo de propiedad o posesión en la zona de Machu Picchu, la cual reclamaban o de lo contrario una indemnización fabulosa.

“Había muchos títulos sobrepuestos y el Estado tenía que defenderse”, anotó.

Estos litigios, entre ellos el caso de la familia Zavaleta -prosiguió- continuaron a lo largo de los años, pero felizmente se ha resuelto en última instancia y “Machu Picchu ya le pertenece a todos los peruanos”.

“En el Perú el patrimonio arqueológico es de propiedad del Estado y a veces esa propiedad se disputa, pero creo que lo ha primado es el derecho de todos los peruanos y el derecho que tenemos de defender aquellos baluartes como es Machu Picchu. Los jueces respetaron que por el carácter que tiene no podía ser propiedad de particulares”, expresó.

Finalmente, el titular de Cultura precisó que esta querella en particular data desde el 2003, cuando Roxana Abrill interpuso una demanda de reivindicación de la propiedad contra el Estado peruano para que le devuelvan el terreno, la cual argumentaba había sido de propiedad de sus familiares.

Fuente: Andina