Apurímac, 7 octubre 2026.- La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac (CSJA), mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2026, declaró infundado el recurso de apelación presentado por MMG Las Bambas S.A., contra la resolución que dispuso el archivo de la investigación por los presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de producción de peligro común con medios catastróficos y, contra el patrimonio, en la modalidad de daños agravados. 

El proceso se originó a raíz de las movilizaciones de setiembre de 2015, cuando comunidades y organizaciones de la provincia de Cotabambas y Grau expresaron su oposición a decisiones vinculadas al proyecto minero Las Bambas. 

Las protestas fueron reprimidas y, posteriormente, el Estado peruano y la empresa minera en su práctica sistemática de criminalización para acallar la legítima protesta social, formularon falsas denuncias en contra de lo 19 comuneros ates citados, a quienes se le abrió proceso por más de 11 años. 

En efecto, tras varios años de investigación y proceso penal, la Fiscalía llegó a formular acusación en junio de 2019. En febrero de 2020 el Juzgado Unipersonal de Cotabambas- Tambobamba absolvió a todos los procesados acusados por la Fiscalía. 

Sin embargo, en julio de 2021, con el argumento de que no se había respetado el principio de imputación necesaria, la Sala Penal de Apelaciones anuló la sentencia y los comuneros fueron perjudicados por un error fiscal. 

El nuevo proceso, sumado al anterior supuso una demora de más de 11 años,  lo que ha tenido graves consecuencias personales, familiares, de salud, económicas, etc. para los comuneros procesados. 

La reciente decisión de la Sala penal confirmó el sobreseimiento respecto de la responsabilidad penal por ambos delitos y estableció que Las Bambas no se encontraba legitimada para cuestionar dicha decisión. 

La resolución precisa que las facultades del actor civil se encuentran vinculadas a la tutela de sus intereses civiles y a la reparación civil derivada del delito, sin que pueda asumir las atribuciones propias del Ministerio Público en materia de persecución penal.  

"Respecto del extremo de la reparación civil, la Sala declaró su nulidad, al considerar que dicho aspecto no se encontraba debidamente fundamentado. 

La decisión confirma, por tanto, el archivo de la investigación en cuanto a la responsabilidad penal, quedando pendiente únicamente un nuevo pronunciamiento judicial sobre la reparación civil", señala la nota informativa difundida  por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo de la Paz (Fedepaz).