Apurímac, 17 julio 2026.- Las muertes en enero de Renee Good y Alex Pretti a manos de los agentes antiinmigración durante las macroredadas en Minnesota desataron una ola de indignación por la brutalidad parapolicial. Para acallar las protestas, la Casa Blanca realizó una serie de cambios estéticos, como destituir a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y forzar a los oficiales a llevar cámaras corporales. 

Pero, seis meses después, agentes del ICE han matado a dos migrantes en menos de una semana, y en ambos casos ni siquiera se trataba de la persona que buscaban.

La última víctima, Joan Sebastian Guerrero, un joven colombiano de 26 años y que tenía permiso de trabajo, por lo que era residente legal en Estados Unidos. Ha sido gracias a los grupos de apoyo locales a los migrantes —Coalición para los Derechos de los Migrantes de Maine y Presente!— que se ha podido identificar al fallecido, ya que pasadas las primeras 24 horas, el departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había dado ninguna información.

En otro comunicado emitido por la organización Project Relief Maine, se ha confirmado que Guerrero tenía familia. Información que ha sido confirmada por la embajada colombiana. El cuerpo diplomático ha dicho que está ayudando a la familia y que ha exigido un informe al DHS "sobre las circunstancias que rodean esta lamentable muerte".

Públicamente, el DHS ha evitado ser muy concreto sobre la confusión que ha habido entre Sebastian y la persona a quien buscaban porque tenía una orden de deportación. Pero el senador de Maine, el independiente Angus King, ha afirmado que el actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, le reveló que la persona contra la que dispararon no era a quien buscaban.

En el escueto comunicado publicado este lunes en redes sociales, el DHS califica a Guerrero de "inmigrante ilegal" -a pesar de que los grupos locales han confirmado que no fue así- y justifica la acción de los agentes como defensa propia. 

"El vehículo intentó huir de la escena y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma", afirma. La versión del ICE es difícil de corroborar porque los agentes no llevaban la cámara corporal, a pesar de que el Gobierno recuperó su obligatoriedad en febrero de este año.

Aun así, el relato de los vecinos y las cámaras de la zona muestran una escena muy distinta a la versión oficial. En las grabaciones que han circulado por redes se puede ver cómo los dos agentes encapuchados se acercan al coche blanco de Guerrero, donde hay agujeros de bala, y sacan su cuerpo ya inerte.

La muerte de Sebastian sigue el mismo patrón que la de Lorenzo Salgado Araujo, quien la semana pasada murió a manos del ICE durante una operación en Houston. Salgado, de 52 años, era un trabajador mexicano, y padre de tres hijos que había vivido durante 30 años en el país sin regularizar su situación. Después de abrir fuego contra Araujo y haberlo matado, el DHS confirmó que el hombre no era la persona que estaban buscando los oficiales del ICE.

En otro paralelismo, el DHS también argumentó que los agentes habían abierto fuego contra Salgado en respuesta al intento del hombre de usar su coche como "arma". En este caso, los agentes del ICE tampoco estaban usando cámaras corporales. Pero un testigo ocular aseguró que durante el incidente la víctima no intentó arrollar a los oficiales con su vehículo.

La justificación que el DHS de Mullin está ofreciendo sobre las dos últimas muertes es la misma que ya usó la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para defender el asesinato de Renee Good. 

También se produce en un contexto en que la Administración decidió recortar la formación de los nuevos agentes reclutados para así poder acelerar su despliegue sobre el terreno. Diversos oficiales, incluidos exdirectores del ICE, advirtieron del riesgo que suponía reducir el entrenamiento de los agentes.

El año pasado, el DHS impulsó una campaña de reclutamiento que concluyó con 12.000 nuevas incorporaciones, un 120% respecto a los 10.000 agentes que había hasta el momento en ICE. Más allá de los incentivos, la campaña tenía un marcado carácter ideológico, con llamamientos a "defender la patria" de una supuesta "invasión". 

"América ha estado invadida por criminales y depredadores", era uno de los eslóganes que servían como reclamo. A todo esto se le suma una decisión que el Supremo dictó en 2025 y que abría la puerta a que se practicaran detenciones por perfil racial.

Fuente: AP