Apurímac, 5 junio 2026.- A pocas cuadras de llegar al Congreso de la Nación, epicentro de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, las cuadras cercanas se encontraban colmadas.
La convocatoria, replicada en distintas ciudades argentinas, volvió a mostrar la capacidad de articulación de un movimiento que once años después de su irrupción pública continúa ocupando las calles para denunciar las violencias de género.
El 3J encontró a las nuevas generaciones que apuntan a sostener el grito colectivo, con familiares de víctimas de femicidio, y con organizaciones sociales y políticas que sostienen en los territorios el acompañamiento a quienes hoy se encuentran con un Estado que desampara.
La jornada estuvo marcada por la lectura de un documento que vinculó el presente institucional con los indicadores de vulneración económica. Señalaron que las medidas de ajuste económico impactan sobre los equipos multidisciplinarios de atención, reduciendo los espacios de asesoría para situaciones de violencia complejas.
Bajo la consigna "un Estado ausente es un Estado femicida", las manifestaciones en el interior del país tuvieron su epicentro en la provincia de Córdoba, traccionadas por la reciente mediatización del femicidio de Agostina Vega, un caso que motivó debates en torno al tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación y las fallas en los sistemas de prevención judicial.
La actualización del documento de Ni Una Menos, eleva la cifra a 3.205 víctimas letales de violencia de género entre 2015 y mayo de 2026, incluyendo 3.144 femicidios, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio.
El único imputado por el crimen de Córdoba, Claudio Barrelier (33 años), registraba antecedentes penales en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad tras la denuncia de otra mujer; el acusado recuperó la libertad bajo fianza tras permanecer detenido veinte días.
Qué muestran los números sobre los femicidios
La convocatoria de este año se desarrolló en paralelo a debates sobre la interpretación de los registros oficiales de violencia letal. En los días previos, distintos medios argentinos publicaron dichos de funcionarios del gobierno nacional que caracterizaron la jornada como una manifestación de índole partidaria y anticiparon una baja adhesión. La concentración, sin embargo, fue masiva y se hizo sentir en todo el país.
En este marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmó que el año 2025 reflejó un descenso en los “homicidios de mujeres”.
La Corte Suprema demuestra que la reducción nacional se explica por el comportamiento de la Provincia de Buenos Aires, donde los femicidios descendieron de 98 en 2024 a 78 en 2025
La argumentación oficial se fundamentó en el avance del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema (OM-CSJN) publicado el 2 de junio de 2026, el cual contabilizó 200 víctimas directas de femicidio durante 2025 frente a las 228 registradas en 2024, lo que representa una disminución interanual del 12,3%.
Esta lectura fue desestimada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), dirigida por la fiscal Mariela Labozzetta, quien señaló que las fluctuaciones anuales carecen de significación estadística si no se evalúan en series temporales de largo plazo, recordando el antecedente de 2021, cuando una baja similar (de 251 a 231 casos) fue revertida al año siguiente.
El análisis desagregado de los datos de la Corte Suprema demuestra que la reducción nacional se explica por el comportamiento de la Provincia de Buenos Aires, donde los femicidios descendieron de 98 en 2024 a 78 en 2025.
Datos complementarios del Informe de Femicidios del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires introducen una variable crítica: mientras los hechos consumados bajaron, las tentativas de homicidio contra mujeres en contextos de violencia familiar o de género aumentaron de 218 en 2024 a 301 en 2025.
El incremento del 38% en las tentativas complejiza la lectura de la estadística general: la reducción de los femicidios consumados convivió con un aumento de los intentos de asesinato, una tendencia que obliga a mirar más allá de la cifra final de víctimas.
La convocatoria tuvo como detonante inmediato el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de pocas semanas cuando fue asesinada y su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de la vivienda de su novio
Los datos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el proyecto Spotlight (2022) exponen la brecha de acceso a la justicia en Argentina: 1 de cada 2 mujeres sufrió violencia por parte de una pareja o expareja, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o denunció.
En los casos que derivaron en muertes durante 2025, el informe de la OM-CSJN confirma que solo el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente y menos del 8% contaba con medidas de protección vigentes al momento del crimen.
Cuando Ni Una Menos irrumpió en las calles
La historia de Ni Una Menos comenzó en Argentina el 3 de junio de 2015, cuando miles de personas se movilizaron en plazas y calles de todo el país para exigir respuestas frente a la violencia machista.
La convocatoria tuvo como detonante inmediato el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de pocas semanas cuando fue asesinada y su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de la vivienda de su novio.
La convocatoria, impulsada por periodistas, escritoras, artistas y organizaciones feministas bajo la consigna “Ni Una Menos”, sintetizó la irrupción de un movimiento que se asentaba sobre avances normativos previos.
En 2009, Argentina había sancionado la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, una norma que amplió la definición de las violencias de género y reconoció modalidades como la violencia doméstica, institucional, mediática y obstétrica.
Tres años más tarde, la Ley 26.791 modificó el Código Penal e incorporó el componente de género como agravante del homicidio, estableciendo la pena de prisión perpetua. Hasta entonces, los crímenes perpetrados por parejas o exparejas eran juzgados como homicidios comunes y las defensas podían recurrir a figuras como la "emoción violenta" para solicitar reducciones de pena.
Las demandas expresadas en el documento de Ni Una Menos de este año fijaron posición frente a las líneas discursivas del gobierno nacional
La reforma partió de otra mirada: entender estos asesinatos como la expresión extrema de una violencia estructural basada en relaciones de desigualdad. Cuando se produjo el femicidio de Chiara Páez, buena parte de ese andamiaje legal ya existía.
La irrupción de Ni Una Menos expresó entonces una demanda complementaria: transformar esos avances normativos en políticas públicas, dispositivos de prevención y respuestas institucionales capaces de intervenir antes de que la violencia llegara a su forma más extrema.
Desde aquel 2015 las estadísticas oficiales sobre femicidios muestran variaciones de un año a otro, pero sin una tendencia sostenida de descenso.
No hay falsas denuncias, faltan denuncias
Las demandas expresadas en el documento de Ni Una Menos de este año fijaron posición frente a las líneas discursivas del gobierno nacional.
El movimiento rechazó las declaraciones de la ministra de Seguridad, por categorizar penalmente el caso de Agostina Vega como un "homicidio", una definición que las organizaciones interpretan como un intento institucional por omitir la especificidad de la violencia de género y diluir la figura del femicidio.
Asimismo, las voceras exigieron la destitución de los fiscales intervinientes por considerar que la liberación previa del imputado constituyó un acto de negligencia judicial.
La consigna "no hay falsas denuncias, faltan denuncias", es sobre las barreras estructurales que impiden a las mujeres formalizar las presentaciones judiciales por temor a la revictimización o a procesos de revinculación forzada en los fueros de familia
Las organizaciones se expresaron sobre el proyecto de ley de elevación de penas por falsas denuncias impulsado por la senadora de La Libertad Avanza, Carolina Losada.
Desde el escenario principal se ratificó la consigna "no hay falsas denuncias, faltan denuncias", haciendo eje sobre las barreras estructurales que impiden a las mujeres formalizar las presentaciones judiciales por temor a la revictimización o a procesos de revinculación forzada en los fueros de familia.
Las menciones del documento a los crímenes de Dulce María Candia en Misiones, Noelia Romero en Temperley y las víctimas del triple lesbicidio de Barracas expusieron el carácter federal de las demandas de protección.
Buena parte de las discusiones que atravesaron esta jornada, remiten a debates que parecían saldados cuando Ni Una Menos irrumpió en las calles argentinas en 2015: la especificidad de la violencia de género, el rol del Estado en su prevención y la legitimidad de las denuncias realizadas por las víctimas.
Más de una década después, esos consensos vuelven a ser cuestionados desde el gobierno nacional y encuentran como respuesta una capacidad de movilización que continúa atravesando generaciones.
Fuente: Diario Red
