Apurímac, 5 junio 2026.- Masivas, diversas y a lo largo de todo Chile han sido las marchas y manifestaciones de protesta contra el plan de ajuste económico que el gobierno del presidente José Antonio Kast intenta imponer vía parlamentaria, que supone un fuerte recorte presupuestario de unos 6.800 millones de dólares junto a una rebaja de impuestos a las grandes empresas y a sus propietarios.

Los estudiantes, trabajadores de la educación y funcionarios de la salud son los protagonistas de las movilizaciones que partieron el lunes, cuando el gobernante de ultraderecha presentó su cuenta pública ante el Congreso pleno.

Este miércoles, millares de manifestantes salieron a las calles convocados por agrupaciones estudiantiles universitarios y de enseñanza media, quienes sienten amenazadas sus conquistas sociales.

Kast pretende recortar casi 600 millones dólares al Ministerio de Educación, afectando a los trabajadores de las escuelas de secundaria y los programas de alimentación escolar que se distribuyen entre el estudiantado de menos recursos.

El gobierno además ha paralizado los fondos para la mantención y acondicionamiento de la infraestructura educativa, mientras ha congelado las becas estatales para estudios superiores de postgrado en universidades extranjeras.

Unos 50 mil manifestantes coparon parte de la Alameda, eje central de la ciudad, con esporádicas escaramuzas con la policía que intentaba impedir que la manifestación se instalara frente al palacio presidencial de La Moneda

A lo anterior se suma la restricción de la gratuidad de estudios universitarios hasta un límite de personas de 30 años de edad. Las medidas de ajuste han obligado a pausar la entrega de computadores a estudiantes de colegios subvencionados.

En Santiago, la capital chilena, se han realizado las protestas más masivas, con unos 50 mil manifestantes que coparon parte de la Alameda, eje central de la ciudad, con esporádicas escaramuzas con la policía que intentaba impedir que la manifestación se instalara frente al palacio presidencial de La Moneda. En los breves choques con la policía, que usó gases y carros lanza agua, fueron arrestadas unas veinte personas.

“Hemos salido a las calles para defender nuestros derechos y exigir respuestas concretas a las demandas del movimiento estudiantil”, dijo el vocero nacional del Consejo Nacional de Federaciones Estudiantiles de Chile (Confech), que agrupa a las organizaciones de las universidades públicas y privadas.

En tanto, la presidenta de los estudiantes de la privada Universidad Diego Portales, Sofía Ávila, apuntó al proyecto de ley anunciado el lunes por Kast y que supone la creación de un registro de vándalos, iniciativa que es vista como una normativa destinada a impedir la movilización social y atentatoria con los derechos a la manifestación.

El ingreso al registro de una persona supondría la pérdida de beneficios, como la gratuidad universitaria, las becas de alimentación, el acceso rebajado al transporte público y otros beneficios.

Laura Mlynarz, recién elegida presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, argumentó que la movilización es necesaria pues “la educación pública está en riesgo, está en peligro”, por las medidas impulsadas por el gobierno.

“Hoy enfrentamos anuncios y medidas impulsadas por el gobierno de los recortes, de las metáforas, el gobierno de Kast y Jorge Quiroz, que atentan directamente en contra de la educación pública y precarizan aún más la vida de estudiantes y sus familias”, dijo la estudiante de ingeniería.

Junto a la manifestación de Santiago, se realizaron marchas de protestas en las capitales regionales, desde la nortina Arica hasta la austral Punta Arenas, en un marco de convocatorias que supone nuevas movilizaciones en los próximos días.

Entre estas últimas, la asamblea de organizaciones de derechos humanos ha llamado a una jornada nacional para el sábado próximo para oponerse a eventuales indultos o excarcelaciones a represores, por impedir reducciones a los programas de promoción y educación en derechos.

El ingreso de una persona al registro de vándalos supondría la pérdida de beneficios, como la gratuidad universitaria, las becas de alimentación, el acceso rebajado al transporte público y otros beneficios

Aunque Kast y sus ministros han reiterado que no se verán afectados beneficios ni programas sociales, lo cierto es que al Ministerio de Salud le han reducido su presupuesto en unos 420 millones de dólares, lo que impacta los recursos de unos 80 hospitales públicos.

Las federaciones de trabajadores sanitarios han advertido que, por el volumen de fondos recortados, es inevitable que se vean mermadas las atenciones hospitalarias, que se produzca una reducción de la operatividad real del sistema (debido a gastos fijos), afectando insumos, medicamentos y tiempos de espera. Por eso los trabajadores de la salud salen a las calles.

“Esta movilización es en contra de las políticas de desmantelamiento de la salud pública, la educación y todos los derechos sociales", dice Cecilia Olivares, dirigenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud.

También marchan operarios organizados en sindicatos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores (CUT), que reclaman por el alto costo de la vida, que ha aumentado desde que Kast decidió traspasar a la población las alzas de los combustibles, al mismo tiempo que el desempleo amenaza con superar los dos dígitos.

Los sindicatos han rechazado la propuesta gubernamental de salario mínimo, así como las medidas que buscan desregularizar el mercado laboral.

Fuente: Diario Red