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Ministerio Público continúa investigaciones por casos de tortura cometidos entre 1980 y 2000, en Andahuaylas

Hechos se registraron en noviembre de 1988 en la Base Militar Contrasubversiva de Andahuaylas, donde dos comuneros habrían sido detenidos y torturados por integrantes del Ejército del Perú.

Ministerio Público continúa investigaciones por casos de tortura cometidos entre 1980 y 2000, en Andahuaylas

Apurímac, 12 noviembre 2025.- En el marco de su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Apurímac, viene fortaleciendo las investigaciones vinculadas a los casos de tortura y violaciones graves a los derechos fundamentales cometidas durante el periodo de violencia interna en el país (1980–2000).

El fiscal provincial, Iván Soto Pareja, en cumplimiento de sus atribuciones, supervisó las diligencias periciales de Segundino Guizado Quispe y José Carlos Quispe Huamán, víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en noviembre de 1988 en la Base Militar Contrasubversiva de Andahuaylas, donde habrían sido detenidos y torturados por integrantes del Ejército del Perú.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que realiza el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos durante ese periodo, garantizando justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares. Las pericias se desarrollan conforme a los estándares internacionales de investigación establecidos en el Protocolo de Estambul, asegurando la objetividad y transparencia del proceso.

Como parte de las labores preventivas frente a los delitos de tortura, discriminación y agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos, el Ministerio Público realizó una visita inspectiva inopinada en la Comisaría PNP de Andahuaylas, verificando el cumplimiento de las normas de respeto y protección a los derechos de los ciudadanos bajo custodia policial.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso institucional con la defensa de la dignidad humana, la erradicación de la tortura en todas sus formas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú.

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