Apurímac 25/07/2024.- 17 defensores y defensoras de derechos humanos de Cotabambas y Grau están siendo procesados desde el año 2015 por ejercer el derecho legítimo a la protesta en defensa de sus derechos fundamentales a raíz de la inconsulta modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas. 

El 25 de setiembre de 2015 las comunidades de las provincias de Grau y Cotabambas iniciaron un paro indefinido a raíz de la modificación de la construcción de un mineroducto para el traslado del mineral hasta Espinar (Cusco) por un corredor vial.  

Este hecho derivó en una protesta social la cual terminó con una brutal represión por parte de la PNP, dejando tres personas fallecidas por impacto de bala (Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca, y Alberto Cárdenas Challco), así como decenas de heridos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. 

Según los dirigentes de ese periodo, la referida modificación de estudio de impacto ambiental no había sido adecuadamente informada y consultada con la población y alertaron que podría generar impactos ambientales debido a la instalación en la zona de una planta de tratamiento de molibdeno, una planta de filtros y un almacén de concentrados desconocidos, así como por el tránsito vehicular de centenares de camiones en forma diaria, lo que conllevaría a un mayor riesgo de accidentes ambientales. 

Cabe destacar que las modificaciones cuestionadas por la población en ese periodo se habían dado en un contexto de flexibilización de los estándares ambientales y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, aprobados en plena recesión económica. Estas medidas fueron consideradas en su momento como “paquetazos ambientales”, que además estuvieron acompañadas por un debilitamiento de la protección jurídica a los territorios indígenas, para facilitar el desarrollo de las inversiones. 

En ese contexto, cabe precisar que la investigación penal contra los 17 defensores y defensoras de derechos de las provincias de Cotabambas y Grau se inició por la denuncia formulada por MMG Las Bambas. Los defensores y defensoras de derechos humanos han sido investigados por la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho (Cotabambas).

Todos ellos fueron acusados por tres delitos: daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de las vías de comunicación, solicitándose entre 8 y 9 años de pena privativa de libertad contra Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca y Veluz Virginia Pinares Ochoa,.

Asimismo, Juan Pablo Cconislla Gallegos, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca Mamani, Lucio Darío Chaucca Carrasco y Romualdo Ochoa y otros, como autores mediatos de  los mencionados delitos. 

En tanto, Minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 100 mil soles por daños a la propiedad privada.

 

En ese sentido habiendo transcurrido casi 9 años de proceso judicial, se ha programado para este jueves 25 de julio en la sede del Módulo de Justicia de Andahuaylas (Apurímac), la lectura de sentencia a cargo del juez Andrés Abelino Flores. 

En su momento y actualmente instituciones de derechos humanos vienen exigiendo a los administradores de justicia se otorgue todas las garantías para que la lectura de sentencia sea de forma justa y transparente.