Apurímac.- El Ministerio Público a través de sus redes sociales dio a conocer que agregó dos nuevas investigaciones preparatorias a las 18 que ya existían por muertes y lesiones ocurridas durante las movilizaciones sociales contra Dina Boluarte. Estos dos casos son por la muerte de un menor en Apurímac y por la violencia cometida por el comandante PNP Segundo Martín Ocampo en el aeropuerto de Juliaca.
"Son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos", publicó la entidad estatal en su página oficial.
"El pasado 11 de julio, la Fiscalía ya había formalizado estos 18 casos que implicaban a este número de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en los asesinatos cometidos durante diciembre de 2022 y marzo de 2023."
El primer caso tiene que ver con los hechos sucedidos el 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, en Apurímac, donde falleció un menor de edad, cuyas iniciales son R.P.M.L, y también resultaron dos personas heridas.
Por este infanticidio, están siendo investigados el excomandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
Por otro lado, la otra investigación se da por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra de Segundo Martín Ocampo Aguirre, comandante PNP, por la violencia desatada cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac, en Juliaca, donde cuatro personas quedaron heridas.
El informe de Amnistía Internacional concluye que la presidenta Dina Boluarte podría ser considerada autora mediata de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de los primeros meses de su mandato.
El documento titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", presentado el jueves 18 de julio, indica que Boluarte mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en los días de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla.
"Estaba al tanto de lo que sucedía y no haber actuado podría implicar responsabilidades penales", explicó Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cabe destacar que, en su declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Dina Boluarte Zegarra negó haber tenido contacto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Sin embargo, esta afirmación es refutada por el informe.
"La presidenta no solo mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en que varias personas resultaron heridas o fallecieron en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que desempeñaron roles clave en el desarrollo de las operaciones", señala la publicación.
Fuente: La República
