Apurímac.- A menos de una semana de haber asumido el cargo como la nueva embajadora por Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, emitió sus primeras declaraciones ante la prensa peruana y como uno de los temas primordiales en su agenda trató la situación de las ONG en el país.

Respondió al Congreso de la República, que busca aprobar una reforma que debilita a estas asociaciones mediante la modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La embajadora de Estado Unidos en Perú recordó que para los inversionistas estadounidenses lo importante era, en primer lugar, que el país en el que van a invertir sea un Estado de derecho. Y consideró que estaban atentos a las acciones tomadas en el gobierno de Dina Boluarte respecto a la injerencia y atención de la sociedad civil, de manos de las ONG.

“En cualquier democracia, necesitamos una libertad de prensa y también por parte de la sociedad civil. (…) Necesitamos ayuda de todo el pueblo, y la sociedad civil es parte del pueblo, es parte de lo que necesitamos para tener una democracia fuerte y que funciona. Y esto no es solo en los Estados Unidos. En Perú, en la USAID, que tiene un presupuesto de más de $ 60 millones cada año, trabajamos por las ONG y no podemos hacer nuestro trabajo aquí sin ONG fuertes que puedan funcionar”, detalló.

La embajadora descartó por completo que su intención hablando de este tema corresponda a un afán injerencista; un discurso que es ampliamente usado por el Congreso y sus principales representantes ante las críticas por las constantes modificaciones que implementan y merman el desarrollo democrático.

“Este no es un tema de injerencia para nada, es para que los peruanos puedan decidir cómo van a tener sus leyes para asegurar que todo esté transparente y se entienda, porque hasta en los Estados Unidos tenemos políticas bajo las que funcionan las ONG, pero deben ser políticas que funcionan por las ONG; que implican sentarse, y hablar cómo se puede asegurar la transparencia y la buena conducta; pero siempre guardando las posibilidades de las ONG para jugar sus papeles cruciales de democracia en el mundo”, aseveró.

Syptak-Ramnath advirtió que la situación de zozobra a la que el Congreso tiene acostumbrada a la ciudadanía no es bien vista para los inversionistas, pues estos “buscan la transparencia, buscan la manera de hacer inversiones que van a durar. Buscan que el Estado de derecho sea normalizado. Que cuando lleguen al Perú, sepan qué va a pasar”.

Tal ha sido el rechazo a las modificaciones planteadas en este proyecto del Congreso, que un total de 16 embajadas que trabajan con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional alzaron su voz de protesta y mediante un pronunciamiento pidieron al Legislativo más cautela con la aprobación de normas que puedan afectar al Estado de derecho.

En el día de la celebración por los 80 años de relación entre Perú y Canadá, el canciller Javier González Olaechea no tuvo mejor idea que reclamar al embajador de Canadá, Louis Marcotte, luego de que se conociera que el diplomático firmó la carta en conjunto con 16 naciones que mostraban su preocupación por la iniciativa aprobada en el pleno del Legislativo que atenta contra la autonomía de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Fuente: Crónica Viva