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Gremios de prensa alertan que pedido de facultades del Gobierno incluye criminalización a la libertad de expresión

Gremios periodísticos alertaron de un atentado a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo.

Gremios de prensa alertan que pedido de facultades del Gobierno incluye criminalización a la libertad de expresión

(Miércoles 13/09/2023).- El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas alertaron que, en el pedido de facultades legislativas del Gobierno, se incluye una modificatoria a la ley que pretende criminalizar la actividad informativa.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresaron su preocupación al señalar que en el proyecto de pedido de facultades legislativas del Ejecutivo se habría incluido una modificatoria al Código Penal que estaría orientada a la criminalización de la libertad de expresión.

Esta vulneración, según los gremios periodísticos, estaría en el punto 3.1.2. inciso C del proyecto que pide facultades para legislar en materia de Seguridad Ciudadana, que fue entregado al titular del Parlamento, Alejandro Soto, por la presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio pasado. 

¿QUÉ DICE EL PROYECTO DEL EJECUTIVO?

El punto 3.1.2. se titula "Prevención y atención de emergencias y urgencias; y garantía, mantenimiento y restablecimiento del orden" y propone modificar decretos legislativos, el Código Penal y otros marcos normativos referidos a entidades ligadas al referido rubro.

En el inciso C, el proyecto solicita modificar el Código Penal en "materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública". En ese sentido, el texto dice:

"Sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado (...) los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos; ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia".

Además, el proyecto remarca que "disuadir a los autores y partícipes de involucrarse en estos hechos, redundará en favor de la reducción de estos, lo que a su vez incidirá en la reducción de confrontaciones violentas que afectan la gobernabilidad local, regional y nacional".

ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ante esta propuesta, el CPP emitió un pronunciamiento en el que consideró que "se propone una severa medida que atenta contra la libertad de expresión", por lo que solicitó que " la propuesta sea removida o rechazada por el Congreso".

"Este punto atenta no solo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto", indicó el consejo periodístico.

Además, consideraron que la propuesta del Gobierno "abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas".

"Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones, sino que promovieron una participación pacífica en éstas", puntualizaron.

Por su parte, la ANP indicó que el proyecto del Gobierno "pretende criminalizar la actividad informativa".

"Advertimos el peligro de la propuesta de modificación al Código Penal que busca "sancionar a los instigadores del delito de disturbio" en el marco de las protestas, que hace alusión directa a la actividad informativa en medios de comunicación", precisó la asociación en Twitter.

Asimismo, el gremio periodístico indicó que cuando el proyecto menciona que "utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia", se trata de una "imputación directa" que "impondría restricciones informativas y afectaría el derecho a la información".

Fuente: RPP 

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