(Viernes 26/05/2023).- Amnistía Internacional dio a conocer su último informe sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En él, concluye que el uso de la fuerza letal fue más frecuente en las regiones con mayor población indígena y andina, que el Poder Ejecutivo “estigmatizó” a los manifestantes como violentos y radicales, y que la Presidencia de la República nunca exigió públicamente la rendición de cuentas a las fuerzas del orden.

Amnistía Internacional presentó este jueves su informe “Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú” que busca esclarecer la muerte de 25 civiles, durante las protestas de diciembre y enero contra el gobierno de Dina Boluarte, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de 2022.

La secretaria general del organismo, Agnès Callamard, consideró que 20 de las 25 casos analizados por Amnistía Internacional podrían calificar como “ejecuciones extrajudiciales” debido a que el Poder Ejecutivo “no detuvo la matanza” y, por el contrario, la Presidencia de la República (Dina Boluarte) y la Presidencia del Consejo de Ministros (Alberto Otárola) “estigmatizaron” intencionalmente a los manifestantes como violentos y radicales, y nunca exigieron públicamente la rendición de cuentas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

“En primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes. En ambos casos existe responsabilidad por parte del Gobierno. Por lo tanto, sí, la represión masiva de los manifestantes y la violencia es responsabilidad del Gobierno”, sostuvo Agnès Callamard en conferencia de prensa.

La representante de Amnistía Internacional explicó que el hecho de que las muertes ocurrieron una y otra vez con características similares por el uso excesivo de la fuerza de los agentes policiales y militares, “apunta a que el Estado lleva la responsabilidad al más alto nivel”.

“La responsabilidad de la presidenta (Dina Boluarte) sería un buen inicio de las investigaciones”, remarcó Callamard.

El análisis de Amnistía Internacional señala, además, que los agentes estatales hicieron uso de la fuerza letal como balas y armas prohibidas como perdigones “de manera ilegítima” y utilizaron la fuerza menos letal como gas lacrimógeno “de manera excesiva, desproporcionada e innecesaria”, principalmente, en ciudades donde la mayoría de la población es andina e indígena.

“Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”, indica el informe.  

Agnès Callamard dijo, en esa línea, que a pesar de que la mayoría de las movilizaciones sociales fueron pacíficas la presidenta Dina Boluarte difundió deliberadamente información errónea, sin pruebas, y en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, las alabó, calificándolos de "impecables".

Amnistía Internacional recogió información de 92 piezas audiovisuales, carpetas fiscales, certificados médicos, pericias forenses, necropsias, entrevistas a deudos, funcionarios públicos, sociedad civil y periodistas. Sin embargo, no logró recabar toda la información de las fuerzas del orden, debido a que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa rechazaron las solicitudes de acceso a la información pública por tratarse de documentación “reservada”.

El informe “Racismo letal” coloca a la mandataria Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola en una situación muy difícil, pues los considera los principales responsables de la violencia y represión policial durante las protestas.

Fuente: Epicentro