Fue intervenida por personal del INPE del penal de Andahuaylas y presentaba varios meses de gestación. Investigaciones están a cargo de personal de la Depincri Andahuaylas.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han advertido que esta propuesta apuntaría a deslegitimar la Ley 30364, norma vigente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene previsto votar los informes de calificación de las denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Delia Espinoza y los magistrados de la JNJ.