(Martes 24/01/2023).- Un grupo de abogados de Arequipa presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete Alberto Otárola, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) y los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior), por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas en regiones, que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, el adelanto inmediato de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según la denuncia, las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.

“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, se lee en el documento al que accedió La República.

El grupo de letrados también incluye en su denuncia penal a los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, por calificar a los protestantes de “terroristas y criminales”. Los acusan de instigar y convocar la represión por parte de las fuerzas del orden.

Otra autoridad denunciada es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por desmantelar el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo. “Con la creación y división de las fiscalías señaladas líneas arriba, se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos de armas de fuego, que se han producido durante las protestas ciudadanas.”

Finalmente, la denuncia incluye al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, por las cuestionadas intervenciones a los locales de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina, con el fin de intervenir a manifestantes de regiones.

Fuente: La República