Se suman a delegaciones de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Aymaraes.
Según el INEI, Ceplan y la Senaju, la cifra oficial es aproximadamente uno de cada cinco a nivel nacional.
Varios sitios protegidos son invadidos por cientos de mineros que operan dentro de ellos o en sus zonas de amortiguamiento. El Estado desprotege estas áreas de valor natural para el país y el Congreso impulsa normas que favorecerían la expansión de la ilegalidad.