El proyecto crea un organismo especializado para gestionar la formalización, establece un plazo hasta junio de 2028 para completar el proceso de los mineros incorporados al nuevo régimen y plantea controles sobre el origen y la comercialización de minerales.
Según el abogado del IDL, estas facultades convertirían a la DINI en un superórgano con un diseño flexible y fuera de mecanismos suficientes de supervisión.