(Lunes 11/10/2021).- Un perjuicio económico ascendente en 170 mil 095 soles contra la Municipalidad Distrital de Ocobamba que involucra al exlcalde y varios exfuncionarios de la gestión 2015-2018 detectó la Contraloría General.

El Informe de Servicio de Control Específico N°008-2021-2-2681-SCE, (periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016), halló presunta responsabilidad penal y administrativa contra el exalcalde Julio César Ayvar Buendia y nueve funcionarios y servidores que trabajaron en dicha gestión.

La Contraloría estableció que con conocimiento del exalcalde se dispuso de 170 mil 095 soles del proyecto de defensa ribereña del río Vargas para otros pagos ajenos a la ejecución del mismo, generando un perjuicio económico a la entidad edil y afectación de la población beneficiaria.

Se evidenció un perjuicio de 170 mil 095 soles debido a que se efectuaron pagos con fines distintos al proyecto de “Mejoramiento de la Defensa Ribereña de la quebrada del río Vargas del tramo del cercado de Ocobamba,distrito de Ocobamba”, para la compra de combustible, pagos de deudas, adquisición de materiales de construcción para casa comunal, servicios diversos de transporte, limpieza de calles, traslado de personal y de repuestos de volquetes, entre otros.

"De la inspección física a la ejecución del proyecto, se constató que no existe la construcción de obras dedefensa ribereña y se comprobó que no existieron pagos directamente relacionados al mismo. 

Dicho proyecto tenía como objetivo reducir la vulnerabilidad del cercado de la capital del distrito por el incremento del caudal del río Vargas por la presencia de intensas lluvias en beneficio de más de 5,360 habitantes de la zona", precisa el informe.

Asimismo, se detectó que la entidad reportó en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) el cumplimiento de las metas en la ejecución del proyecto ribereño durante los años 2015 y 2016, dándose así por cumplido ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); sin embargo, la información no fue veraz, puesto que dicha obra no se ejecutó físicamente.

El informe fue notificado a la actual gestión municipal para el inicio de las acciones administrativas para eldeslinde de responsabilidades de los exfuncionarios y exservidores públicos. 

Se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de las acciones legales penales contra los involucrados en los hechos.