(Martes 1/06/2021).- La Contraloría General de la República detectó que servidores de la Municipalidad Provincial de Grau otorgaron la buena pro a siete postores para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario para 42 caminos vecinales, permitieron que se suscriban contratos sin acreditar la documentación requerida, generando mayores costos a la entidad por S/ 4 442 322.00

Se trata del Procedimiento Especial de Selección N° 01-2020-MPG, que se realizó por ítems: N°1 – (Chuquibambilla), N° 2  (Curasco y Progreso), N° 3 (Curpahuasi y Vilcabamba), N° 4 (Huayllati), N° 5 (Mamara, Micaela Bastidas y Santa Rosa), N° 6 (Mariscal Gamarra), y N° 7 (Pataypampa, Turpay y Virundo), que suman  306.70 kilómetros, por un valor referencial de S/ 23 259 514.00, definida en las bases administrativas.

Según el Informe de Servicio de Control Específico N°10548-2020-CG/GRAP-SCE (Periodo de evaluación del 1 de julio al 31 de agosto de 2020) se halló presunta responsabilidad penal y/o administrativa en dos servidores y un ex servidor de la referida municipalidad. 

Se advirtió que el Órgano Encargado de Contrataciones evaluó los anexos para la admisión de ofertas de los postores de los ítems N° 1 al 7, al margen de los formatos establecidos en las bases administrativas y la normativa de contrataciones del Estado, no admitiendo a postores que sí cumplieron con lo establecido en las bases y con ofertas económicas a menores precios.

Por ejemplo, en relación al Ítem N° 1, la comisión de control advirtió que entre el precio de la oferta económica del postor ganador por S/ 4 977 881.00, y el precio de la oferta económica de los postores que habrían obtenido la buena pro que asciende a S/ 4 010 313.00, la diferencia es de S/ 967 567.00, monto que representa mayores costos a la entidad.

Del mismo modo, se identificó que la Gerencia Municipal no derivó la documentación presentada por los postores para el perfeccionamiento de los referidos contratos al Órgano Encargado de Contrataciones y el Área usuaria. 

Asimismo, se comprobó que dicha gerencia no contaba con las atribuciones para verificar la documentación, permitiendo que los postores adjudicados de los ítems N° 1 y 5, así como del ítem N°4, suscribieran los contratos sin haber acreditado la experiencia del residente del servicio y la del postor, respectivamente.

 

El informe de control fue notificado a la alcaldesa, Lilia Gallegos Cuellar, para el inicio de las acciones administrativas que correspondan. Asimismo, la Procuraduría Pública de la Contraloría presentó la denuncia el 14 de mayo del 2021 ante el Ministerio Público para las acciones pertinentes.