(Viernes 26/02/2021).- La Contraloría General alertó que la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en Abancay, elaboró un expediente técnico para ejecutar un proyecto de saneamiento en un terreno que no cuenta con el saneamiento físico legal, contraviniendo la normativa vigente y generando el riesgo de que la inversión no sea sostenible.

Ese fue el resultado del control concurrente a la ejecución y supervisión de la obra "Ampliación, mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los ocho Barrios Urbano Marginales de de Curahuasi", cuyo periodo de evaluación comprende del 28 de enero al 4 de febrero del 2021.

Dicho expediente técnico fue aprobado mediante resolución de alcaldía del 7 de noviembre del 2019 por el monto de 24 millones 621 mil 044 soles, pero sin contar con el saneamiento físico legal del terreno donde estaría previsto el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP); contexto en el cual, se contrató a una empresa en diciembre del 2020.

La comisión de control observó que en los sectores denominados Pata Pata, Ayaurco y San Cristóbal, donde se construirán los reservorios de 400, 200 y 360 m3 respectivamente, no se encontrarían registrados y/o debidamente formalizados a nombre de la municipalidad; el segundo terreno no cuenta con la extensión apropiada (faltando 24 m2 para cumplir con dicho propósito). Sin embargo, dichos terrenos fueron considerados en la elaboración del expediente técnico.

Según la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 “Directiva para la ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, se precisa que antes del inicio de la elaboración del expediente técnico, debe verificarse que cuenta con el saneamiento físico legal del bien inmueble correspondiente o los arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la inversión pública. Por lo tanto, la entidad no habría cumplido con lo dispuesto en el marco legal establecido.

El Informe de Hito de Control N° 3502-2021-CG/GRAP-SCC, fue notificado al titular de la entidad el 12 de febrero del presente año, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.