A través de la transferencia de S/ 32.9 millones para la compra e implementación
El Ejecutivo autorizó la transferencia de 32 millones 931,857 soles para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales equipados para atender la emergencia por el COVID-19, requeridos por el Ministerio de Salud.
Así lo estableció el Decreto Supremo N° 072-2020-EF publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.
La norma autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
La parte considerativa de la norma refiere que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de manera excepcional, a requerimiento y a favor del Ministerio de Salud, efectuará las contrataciones para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales equipados para atender la emergencia por el COVID-19 a nivel nacional.
Esta autorización incluye la contratación de aquellos bienes y servicios que, a través del citado ministerio, requiera el Hospital de Lima Este–Vitarte, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, Instituto Nacional de Rehabilitación y Hospital Central de la Policía Nacional del Perú–Luis N. Sáenz, para atender la emergencia por la pandemia del coronavirus.
Los recursos transferidos no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Martín Vizcarra; el jefe del Gabinete ministerial, Vicente Zeballos; la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.
Cabe destacar que la entidad ha emitido para este emblemático proyecto de la región, un total de 93 informes de hitos de control desde el año 2022, en el marco del acompañamiento y control. También analiza denuncias presentadas por presunto direccionamiento de contrataciones.
Sin coordinar con las autoridades y generando zozobra en los pobladores, efectivos policiales toman por asalto territorios comunales para desalojar a mineros informales que operan sobre una concesión del proyecto Los Chancas de la empresa Southern Perú.