(Miércoles 30/09/2020).- Su pasado lo atrapa. La situación de Edgar Alarcón (UPP) en el Congreso se complica con la admisión a trámite de dos denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por graves delitos de corrupción. Se trata de presuntos ilícitos que Alarcón presuntamente habría perpetrado cuando fue contralor entre el 10 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió por mayoría a trámite un informe que declaró procedente la denuncia contra Alarcón por el delito de enriquecimiento ilícito agravado. El aliado de Antauro Humala es imputado de un presunto desbalance patrimonial por gastos de S/201,337.24 según dos informes periciales realizados en el periodo en que fue contralor.
Además, se registraron una serie de depósitos bancarios por S/275,664.90 cuyos orígenes y depositarios son desconocidos.
Y por si fuera poco, tras comparar los ingresos del congresista y su cónyuge por S/687,826.37, con sus gastos (adquisición de vehículos, instrumentos financieros, retiros y transferencias) por S/869,521.87, se observa un desbalance de S/181,695.50.
Esta denuncia fue declarada procedente con ocho votos a favor y tres en abstención de Martha Chávez y Carlos Mesía (Fuerza Popular), y José Vega (UPP), quien no estaba enterado de qué trataba la votación.
La segunda denuncia versa sobre el delito de peculado y se basa en que Alarcón y otros investigados se habrían apropiado de fondos públicos (caja chica y de logística), lo que generó un perjuicio a la entidad por S/65,817.49.
Además, se habría apropiado de fondos públicos (recursos ordinarios) por un total de S/458,460.58 por tramitar y aprobar pagos sin acreditar el servicio de los proveedores.
Este caso fue admitido por nueve votos a favor y cuatro abstenciones: de Vega (UPP), Chávez y Mesía (Fuerza Popular) y María Gallardo (Podemos). Chávez aseveró que “no es legítima la investigación de personas selectivamente”.
Al admitirse a trámite estas denuncias, la Subcomisión notificará a Alarcón para que presente sus descargos. Una vez respondida la acusación, se preparará un informe y se convocará a una audiencia. Tras ello, se elaborará un informe final que será presentado a la Comisión Permanente y, tras su aprobación, el Pleno podría decidir su desafuero.
El experto en derecho parlamentario César Aliaga explicó a Perú21 que si el informe de la Permanente confirma las acusaciones “corresponde que el Congreso apruebe el desafuero para que la investigación y proceso penal prosigan. También puede aprobar la suspensión y reemplazo por el accesitario” como pasó con Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.
La congresista María Retamozo manifestó a este diario que “la situación de Alarcón es grave por los hechos por los que se le acusa” y debería dar un paso al costado de Fiscalización.
Las posiciones que existen en el Congreso deben ser coherentes con la trayectoria personal de los congresistas y también con que estén exentos de cualquier posible conflicto de intereses. Evidentemente, situaciones como las que presenta el congresista Edgar Alarcón lo colocan en una situación complicada porque tendría que investigar casos que lo involucran. En ese sentido, considero que una persona con este tipo de señalamientos no debería ser el que dirija la Comisión de Fiscalización.
Se esperaría que su retiro de este grupo de trabajo venga del propio congresista, pero si no existe dicha voluntad, la decisión debería ser tomada por su partido, UPP, dado que es una situación que podría afectar a su bancada. Incluso también queda la posibilidad de que su retiro sea impulsado por las demás bancadas del Congreso, pues existe evidentemente un costo para su imagen.
Fuente: Perú21
