La Fiscalía de la Nación, encabezada por Zoraida Ávalos Rivera, señaló en un comunicado dirigido a la opinión pública que tanto la detención preliminar como la prisión preventiva "no son medidas abusivas ni generalizadas".

Esto, debido a que "son dictadas dentro del debido proceso, la Constitución Política y la ley procesal". Asimismo -refiere- se encuentran sujetas "al control jurisdiccional y de las partes investigadas", por lo que pueden ser apeladas ante una segunda instancia.

El Ministerio Público afirma, además, que la detención preliminar y la prisión preventiva -previstas en el Código Procesal Penal vigente desde el 2004- en su aplicación "no se hace distinción por razón de las diferencias de las personas" sino por "la naturaleza, gravedad y complejidad de los delitos".

Es por ello, sostiene, que las catalogan como instrumentos procesales que "contribuyen a la investigación y persecución del delito", que se usan en los casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, como también en delitos de violación sexual, sicariato, extorsión, entre otros.

Por último, el organismo constitucional autónomo del Estado negó que en las solicitudes de estas medidas cautelares "exista algún tipo de injerencia, motivación política o de cualquier otra índole en el actuar de los fiscales".