Equipo Especial del Caso Lava Jato recibió informe de inteligencia de la Superintendencia de Banca y Seguros en el que señala que Kuczynski hizo operaciones con fondos que le pagó Odebrecht a cuentas de su secretaria y su chofer.

Un reporte del Departamento de Análisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), fue determinante en el cambio de la situación jurídica del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

El Equipo Especial del Caso Lava Jato fue informado, mediante el documento N° 005-2019-DAO-UIF-SBS, que Kuczynski había efectuado transferencias de dinero con fines de lavado desde una cuenta donde había recibido los pagos de Odebrecht por sus asesorías.

De acuerdo con el informe de la UIF –que aparece consignado en la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz–, Kuczynski usó una cuenta maestra a su nombre en el Banco de Crédito del Perú (BCP) para hacer dos transferencias a su chofer José Bernaola Ñufflo por 528 mil 003 dólares y a su secretaria Gloria Kisic Wagner por 77 mil 376 dólares, lo que implica un total de 605 mil 379 dólares.

Según las autoridades, las mencionadas transferencias de dinero de presumible origen ilícito demostrarían un intento del expresidente de evadir la justicia y poner a buen recaudo dicho dinero. El documento de la UIF tiene como fecha este año, lo que sería un indicativo que las transferencias que hizo Kuczynski serían recientes.

Para la Fiscalía del caso Lava Jato, los movimientos bancarios implican un procedimiento de lavado de activos porque los fondos corresponden a los pagos por asesorías a favor de Odebrecht que recibió la empresa Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski. Para las autoridades, los desembolsos de la constructora a Kuczynski son presuntos pagos ilícitos.

Se trataría de compensaciones económicas a cambio de la emisión de normas legales que emitió Kuczynski como ministro del expresidente Alejandro Toledo y permitieron que Odebrecht recibiera el proyecto Olmos y los tramos 2 y 3 de IIRSA Sur. La defensa del exjefe de Estado rechaza las imputaciones.

Según se advierte de la resolución del magistrado Jorge Chávez, quien fue el que decretó detención preventiva por 36 meses, Kuczynski pertenece a una organización criminal que se montó para favorecer ex profeso a Odebrecht, lo que la compañía confesó ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos.

La resolución judicial del magistrado Chávez indica que Kuczynski aprovechó su condición de ministro de Economía y de primer ministro del régimen de Toledo para beneficiar a Odebrecht, simulando contratos de asesoría por intermedio de su socio chileno Gerardo Sepúlveda. Para dicho fin usó primero la firma Westfield Capital y pretendió ocultar a esta mediante la empresa de fachada First Capital Inversiones.

Otra presunta evidencia de que Kuczynski presuntamente cometió el delito de lavado de activos fue cuando adquirió el inmueble de la calle Choquehuanca, en San Isidro, para lo que recurrió a su cuenta de Westfield Capital, de donde sacó 746 mil 256 dólares.

Para las autoridades, esos fondos son los que recibió en pago para las supuestas asesorías simuladas a Odebrecht para que obtuviera las concesiones de Olmos y los tramos 2 y 3 de IIRSA Sur. La defensa de Kuczynski insiste en que las asesorías fueron legales, bancarizadas y formalizadas ante la Sunat.

El magistrado Jorge Chávez estuvo de acuerdo con que en el caso de Kuczynski existe peligro de fuga, puesto que pretendió salir del país solicitando permiso médico para atenderse en los Estados Unidos, cuando tiene las facilidades para recibir atención especializada en el Perú. Y respecto a que la avanzada edad del exjefe de Estado (80 años) como supuesto impedimento para que sea recluido en una prisión, como sostiene la defensa del exmandatario, la autoridad judicial aclara que en su caso no aplica porque se encuentra sometido a un proceso por crimen organizado.  

Fuente: La República