(Sábado 11/09/2021).- Tienen “yayas”. La lista de políticos con sentencias por diversos delitos cometidos en perjuicio de la administración pública regional en Apurímac es más larga de la que se conoce. En esta primera entrega nos abocaremos a tres de ellos, porque sus nombres y apellidos se escuchan estos últimos días con insistencia en los corrillos de la política local ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales de octubre 2022.

Adelante está el precandidato para la región por el partido Somos Perú, Marcelino “Chapu” Martínez, seguido del exalcalde de Aymaraes que intenta repetir el plato, Jaime Torbisco Martínez y muy probable el actual director de Transportes Apurímac, Nevelyn Peralta Capcha, ex ‘chupe’ (no ‘chapu’) del reo y sentenciado por corrupción Elías Segovia Ruíz.

“Chapu” Martínez en las elecciones pasadas se presentó liderando la fórmula presidencial del partido democrático Somos Perú, sin embargo, fue desembarcado con roche antes de su inscripción porque tenía una condena penal por el delito abuso de autoridad.

Así se acredita en le Resolución N° 001-2020-OED-LIMA-PDSP con fecha 23 de octubre y firmada por el presidente del Órgano Electoral Descentralizado de Lima de la misma agrupación política que dejó sin efecto su inscripción.

“Que mediante directiva N° 002-2020-OEC-PDSP se estableció que los OEDS comprobarían la veracidad de la información proporcionada para la inscripción de lista, habiéndose comprobado y verificado que de la información brindada por el candidato Marcelino Martínez Gonzales, ha consignado una sentencia de tipo penal, donde ha señalado que su rehabilitación se encuentra en trámite, siendo ello así, la lista no es admitida”, precisa la resolución partidaria.

En efecto, Marcelino Martínez consignó en su hoja vida publicada en el portal del JNE donde manifiesta tener condena consentida y cárcel suspendida por el delito de abuso de autoridad con Expediente N° 158-2005 de fecha 18/05/2005.

Nada garantiza que ‘Chapu’ de volver a presentarse como candidato al Gobierno Regional de Apurímac continúe en carrera -salvo que haya sido habilitado- pero podría truncar las aspiraciones de los demás candidatos de su agrupación política.

Todos sabemos que el pago de cupos se convierte en un asunto recurrente en estos tiempos pre electorales para alcanzar una alcaldía con el logo de un partido habilitado, mal llamados también "vientres de alquiler".Esperemos que esto no ocurra en territorio apurimeño.

Otro personaje voceado para las filas de Somos Perú sería el exalcalde de la provincia de Aymaraes, Jaime Torbisco Martínez, que de confirmarse su participación tentará llegar por segunda vez al sillón de la alcaldía provincial.

Pero Torbisco no está limpio de polvo y paja. Ya registra antecedentes por delitos de corrupción.

En febrero 2018, Torbisco Martínez y seis exfuncionarios fueron sentenciados por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Apurímac a ocho años de cárcel efectiva por el delito de peculado doloso por apropiación para sí.

El juzgador ordenó el pago de una reparación civil ascendente en 2 millones 784 mil 390 soles que debió cancelarse en forma solidaria.

Torbisco y los exfuncionarios fueron imputados por realizar pagos irregulares al Consorcio Challhuanca con reportes que no se ajustaban con el avance físico, perjudicando la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Chalhuanca.

Sin embargo, trascendió que esta condena tras ser apelada en segunda instancia habría vuelto a fojas cero, disponiéndose se realice un nuevo proceso judicial.

Otra “perla” más. En junio del 2015, Jaime Torbisco cuando se desempeñó como alcalde del distrito de San Juan de Chagña (Aymaraes) fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida y al pago de una reparación civil de 375 mil 640 soles.

Fue condenado por el delito de peculado doloso por apropiación e inhabilitado por dos años de la función pública. Según la condena, Torbisco dio mal uso al presupuesto destinado a la construcción de la represa de la laguna de Chayllo y el sistema de riego de la margen derecha del distrito de Chagña.  

El otrora gerente de la Gerencia Subregional Chanka, Nevelyn Peralta Capcha, tras el escándalo del inconcluso hospital de Andahuaylas decidió desaparecer de la escena regional y optó con mirar de lejos como capturaban y condenaban por corrupción a su exjefe, el entonces gobernador Elías Segovia Ruíz.

Lo cierto es que Peralta Capcha nunca le pidió disculpas al pueblo andahuaylino por el fiasco del paralizado hospital, reapareciendo en la gestión de Baltazar Lantarón como director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac (DSRTyC), además de ser el “amigo” del entorno familiar de la autoridad regional.  

Peralta Capcha sería una de las “fichas” que tiene bajo la manga Baltazar Lantarón para las próximas elecciones y pareciera que con la bendición de su hoy patrón de turno volvería a reencontrarse con el pueblo apurimeño, en especial el chanka, al cual le dio una artera puñalada por la espalda.

Por eso, no es gratuito que los ‘maquilladores’ del gobierno regional le dediquen frecuentes publicaciones en su portal institucional, incluso apareciendo más veces que el mismo gobernador.

En su haber tiene una retahíla de denuncias por presuntos delitos de corrupción que con el paso de los años y tras extrañas dilaciones en el Ministerio Público casi todas pasaron al archivo, no obstante, tiene una formalización de investigación preparatoria vigente en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay.

Se trata de la continuación de investigación en su calidad de autor por la presunta comisión de delito en la modalidad de peculado doloso por apropiación para otro en agravio de la Gerencia Subregional Chanka que corre en el caso N° 84-2018 y que involucra a dos comunicadores andahuaylinos.

También está inmerso en recientes denuncias que se encuentran en la etapa de investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores y expedición de licencias de conducir.  

Esta lista no termina acá. Por supuesto, seguiremos con la publicación de nuevas entregas que involucran a más políticos y exfuncionarios que quieren “lavarse la cara” y que gracias a la pandemia del coronavirus ha originado que muchas investigaciones fiscales y procesos judiciales se dilaten inevitablemente. (Por: Paul Pilco Dorregaray)