(Lunes 1/03/2021).- El líder del pueblo cacataibo, Herasmo García Grau, defensor de los derechos humanos de las comunidades y custodio de las tierras amazónicas de sus ancestros, fue asesinado en Ucayali por delincuentes vinculados a mafias dedicadas al narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras.

No fue el único defensor asesinado en estos días. Yenser Ríos Bonzano, otro líder indígena y ambientalista, también fue cruelmente victimado. Estos crímenes han causado conmoción en la Amazonía.

A Herasmo, de 28 años, lo secuestraron, torturaron y asesinaron a balazos. Él venía solicitando la georreferenciación y actualización de sus títulos comunales, pero, según los dirigentes indígenas, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se niega sistemáticamente a concluir con este proceso.

“Esto ha contribuido a los intereses de invasores y narcos que utilizan esta zona como ruta de tránsito de sus negocios ilegales”, dice el líder asháninka y presidente de la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), Berlín Díquez.

Yenser Ríos también había sido amenazado por oponerse a la deforestación.

Hasta antes de su muerte venía promoviendo la titulación de los territorios, para asegurar su protección jurídica y evitar que taladores ilegales compren o invadan los terrenos dejando vulnerables a las comunidades indígenas.

“Nosotros somos los protectores del medio ambiente”, le dijo a Díquez dos días antes de ser victimado.

En noviembre varios dirigentes indígenas viajaron a Lima y solicitaron garantías para los líderes que son amenazados de muerte por defender los bosques amazónicos, pero solo encontraron indiferencia.

En los últimos siete años, solo en la Amazonía fueron asesinados 12 líderes ambientales. Cuatro de ellos fueron atacados durante la pandemia: Arbildo Meléndez (Huánuco), también del pueblo cacataibo; Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).

Y es que la violencia contra las comunidades indígenas recrudeció en el 2020 y la pandemia se ha convertido en un factor determinante.

Las restricciones ordenadas desde el Gobierno para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes.

El riesgo de muerte fue latente y cercano por la obligación del confinamiento en la primera ola, y lo sigue siendo hoy por la necesidad de reducir la movilidad para evitar los contagios. Algunos han sido víctimas de asesinatos selectivos; otros, blanco de venganzas.

Exigimos acciones urgentes y efectivas: que el Estado desactive las bandas criminales ligadas al narcotráfico, dice Berlín Díquez. “Pedimos declarar en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca ante la impunidad del tráfico de tierras, de madera y de droga que avanza en nuestra región amazónica”, agregó.

Fuente: La República